Los grupos de Esquerra Republicana y el PDeCAT en el Senado han pedido la comparecencia de la ministra Isabel García Tejerina en la Comisión de Medio Ambiente del Senado por la decisión del Ministerio de Agricultura de otorgar doce licencias para extraer coral rojo en la Costa Brava y en el Maresme, a pesar de estudios científicos y la moratoria de diez años decretada por la Generalitat.

El Departament de Agricultura anunció la medida el año pasado e hizo público que se empezaría a aplicar este 2018 y hasta el 2027 suspendiendo los permisos que se daban en aguas interiores (bajo su competencia) desde el cabo de Begur hasta la frontera francesa. La limitación tenía el objetivo evitar que Catalunya pierda las últimas colonias que tiene de esta especie. La medida se adoptó después de encargar un informe a un grupo de científicos, que concluyó que el 90% de las poblaciones en aguas catalanas tienen un estado de conservación "crítico".

La Generalitat comunicó al Ministerio su intención. El Estado se comprometió a través de una orden ministerial a aplicar la medida en este tramo pero no incluyó las aguas exteriores próximas, donde ahora han concedido los permisos. El director general de Pesca, Sergi Tudela, califica absurda la situación y alerta que puede complicar no sólo la sobreexplotación de la especie sino también el control sobre las zonas protegidas.

Por su parte, ERC, ha exigido explicaciones al gobierno español para otorgar licencias para extraer coral rojo desde Begur (Baix Empordà) hasta Arenys de Mar (Maresme), incluyendo áreas de alto valor ecológico como las Illes Formigues. El partido considera que la medida choca frontalmente con la moratoria de diez años después de un estudio hecho en 2017 por catorce científicos, y reconocido por el Ministerio, donde se alertaba sobre el mal estado del coral rojo al litoral catalán.

El PDeCAT, cree que el PP ha dado las licencias abusando de la aplicación del artículo 155 y, según el senador Joan Bagué, el "gobierno español no tiene traba ni sentido de la prudencia". El partido también considera que las licencias chocan frontalmente con la moratoria de la Generalitat.

Como consecuencia, los dos partidos han registrado unas baterías de preguntas escritas a la cámara alta en que se pide cuáles son los criterios para conceder estas licenciara. Sin embargo, preguntan si el gobierno español tiene conocimiento de los efectos negativos para el medio ambiente, el crecimiento y la reproducción de los corales que supone esta decisión, así como para los municipios afectados.

El territorio se organiza en contra

La concesión de las licencias ha dejado "perplejos" los diferentes movimientos de protección del territorio afectado. El presidente de la Asociación de Amigos de las Illes Formigues, Jordi Sistach, considera que los permisos para extraer coral son "nefastos" y cree que el gobierno español va "en contra de las decisiones autonómicas y de las de la Unión Europea".

El representante de la asociación ha explicado que ha empezado a trabajar en red" con otras entidades con el fin de hacer "todo el posible" para evitar la extracción del coral. La entidad alerta que se trata de un ser vivo que tarda mucho a crecer y, si no se controla la evolución, se irá "hacia la desaparición total".

Sistach ha remarcado que la moratoria impulsada por la Generalitat estaba pensada para "proteger" el coral. La asociación asegura que "buscarán la concienciación" para evitar que se hagan efectivas las licencias.

Una especie en "peligro"

El coral rojo (Corallium rubrum) se distribuye por el Mediterráneo y aguas atlánticas adyacentes y ha sido sometido desde tiempos antiguos a una actividad extractiva por su uso en joyería.

Se trata de una especie de crecimiento muy lento y muy sensible a la sobreexplotación. Sus colonias dan refugio a muchas especies de peces e invertebrados y conforman un hábitat de interés pesquero, el coraligen, protegido por varias normativas europeas como el Reglamento de Medidas técnicas del Mediterráneo y la Directiva Hábitats.

En el 2015 el coral rojo fue elevado a la categoría "en peligro de extinción" a la lista roja elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).