El grupo parlamentario de ERC ha presentado una resolución en el debate de política general del Parlament, que propone una investigación separada del rol que tuvieron las instituciones del Estado "en el encubrimiento de los presuntos delitos de Juan Carlos I". El texto subraya que son "especialmente graves" las indicaciones de que los servicios secretos del Estado "fueron utilizados para encubrir estas actividades" en vez de perseguirlas.

Según el texto, es necesaria una investigación exhaustiva de "la utilización discrecional de los recursos del Estado a la hora de garantizar la opacidad de los presuntos negocios ilegales de Juan Carlos de Borbón, así como la participación y colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en su huida de la Justicia suiza y posterior vida como prófugo".

La resolución expresa también la preocupación "ante los nuevos informes y declaraciones reveladas en la investigación de la llamada Operación Kitchen, que afecta a órganos superiores y antiguos directivos de la Administración General del Estado, para crear un operativo parapolicial, en red con medios de comunicación y empresas, que actuaba al margen de la ley para neutralizar diferentes amenazas políticas al Gobierno español".

 

Denuncia en este sentido, "la inacción del Gobierno del Estado con respecto a las escuchas ilegales al president del Parlament, Roger Torrent, y otros diputados y diputadas de esta cámara en esta legislatura o en anteriores, así como a diferentes activistas y miembros de la sociedad civil". "Una inhibición ante unos hechos probados de esta gravedad que en un Estado que se quiere democrático comportaría, como mínimo, la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Y condena la persecución hacia el president Puigdemont y su entorno ejemplarizado con las escuchas y seguimientos que se han hecho públicos últimamente", añade.

En una segunda resolución, ERC propone el derecho a la autodeterminación y la amnistía, y que "la construcción de la República catalana es la mejor manera de garantizar la igualdad de oportunidades", y reclama "una amplia mayoría que abandere la vía del diálogo y la negociación".