ERC ha pedido hoy martes derogar ley de seguridad nacional, vigente desde 2015. En rueda de prensa en el Congreso, Gabriel Rufián ha anunciado que su grupo ha presentado una proposición de ley para suprimirla, ya que según su opinión, "atenta de manera clara contra derechos fundamentales". En su iniciativa, los republicanos justifican la necesidad de 'liquidar' esta norma porque es un texto jurídico "inexplicable y confuso", ya que interpreta la seguridad nacional como un concepto constitucional "cuando la Constitución de 1978 no recoge esta idea".
"Inexplicable y confusa"
Esquerra también critica que el Gobierno, "sin previa consulta o deliberación previa" del Congreso, pueda actuar vía real decreto cuando la situación sea de interés para la seguridad nacional por la gravedad y la urgencia de sus efectos. Según ha dicho Rufián, esto supone un "retorcimiento del estado derecho que avala intervenciones excepcionales por situación de contestación social y que es digno instrumento ejecutorio de la ley mordaza". El Gobierno prepara una reforma de esta ley, que se ha redactado teniendo en cuenta las lecciones de este año y medio de pandemia.
Así, en el supuesto de que se declarara un estado de crisis (que la nueva ley define como "situación de interés para la seguridad nacional"), las autoridades también podrán requisar de manera temporal todo tipo de bienes, así como intervenir y ocupar provisionalmente los que sean necesarios. Aquellos que sufran perjuicios económicos por la requisa de los bienes o la interrupción de su actividad podrán ser indemnizados.
Facultades exorbitantes al presidente
El portavoz de ERC en el Congreso también ha cuestionado que la norma vigente otorgue facultades "exorbitantes" al presidente del Gobierno así como al Consejo de Seguridad Nacional, por la absorción y centralización de todos los medios materiales y personal de las autonomías e, incluso, de las entidades locales. Así, ha considerado Rufián, estas quedan "relegadas" a un mero papel "de espectador".
Para el partido, eso supone una "una expoliación competencial" además de un "menoscabo" en la autonomía política de comunidades como Catalunya y Euskadi, que cuentan ya con sus propias policías autonómicas.
CUP y PDeCAT rechazan la remodelación
Por su parte, tanto la CUP como el PDeCAT ya han avanzado su rechazo a esta nueva ley de seguridad nacional que el Estado quiere aprobar. En este sentido, el diputado de la CUP Albert Botran se ha mostrado contrario a una norma que, según su opinión, supone "un giro autoritario del Estado" porque ofrece "un catálogo peligroso de regresiones democráticas".
En la misma línea se ha manifestado el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, que la ha calificado de "despropósito". Por eso, ha avisado al Gobierno de que si no modifica los puntos que restringen fuertemente las libertades de los ciudadanos o el acceso a su patrimonio, la norma no podrá contar con su apoyo.
Joan Baldoví, de Compromís, ha afirmado que su partido todavía no tiene una posición definida al respecto, ya que tienen que estudiar el contenido de la norma. Aina Vidal, diputada de En Comú Podem, ha reclamado tiempo para el gobierno de coalición para que pueda trabajar en la ley, que ya valorarán cuando esté sobre la mesa. En este sentido, ha pedido la derogación de la ley mordaza como un punto clave.
En la imagen principal, Gabriel Rufián en rueda de prensa hoy en el Congreso / Europa Press