ERC, Comuns y CUP han reclamado la comparecencia del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, en el Parlament para que dé explicaciones sobre las incidencias en el servicio de interpretación del catalán durante el juicio por las lesiones que Roger Español sufrió durante el 1 de Octubre. Las tres formaciones quieren que el titular de Justicia explique qué falló y qué medidas prevé adoptar para garantizar que el derecho a utilizar el catalán ante los tribunales no quede condicionado por la disponibilidad o la competencia de los intérpretes contratados.
La petición llega después de que, durante las primeras jornadas del juicio en la Audiencia de Barcelona, dos intérpretes no pudieran garantizar adecuadamente la traducción del catalán al castellano de las preguntas formuladas por las acusaciones a los agentes de la Policía Nacional encausados por las lesiones que provocaron la pérdida del ojo de Roger Español. Los abogados Benet Salellas y Laia Serra acabaron traduciéndose ellos mismos las preguntas y, finalmente, optaron por formularlas en castellano para agilizar la vista.
Los grupos parlamentarios también han registrado preguntas por escrito al Govern para aclarar las circunstancias que rodearon la contratación del servicio. En concreto, ERC quiere saber cómo es posible que, habiéndose comunicado aproximadamente un año antes que los abogados harían uso del catalán durante el juicio, el servicio de interpretación no estuviera preparado para garantizar una traducción adecuada. Los republicanos también piden al Govern que concrete qué información recibió el Departament de Justícia, la empresa adjudicataria y el propio servicio de interpretación sobre la voluntad de las partes de utilizar el catalán, cuándo se comunicó y qué actuaciones se emprendieron a partir de aquel momento.
Preguntas sobre las dos intérpretes
Una de las cuestiones que ERC pone sobre la mesa es por qué inicialmente se asignó al juicio una intérprete de origen ucraniano que, según la información disponible, no disponía de la competencia necesaria para interpretar correctamente del catalán al castellano. También pregunta por qué la profesional que la sustituyó, de nacionalidad rumana según la información conocida, tampoco pudo garantizar adecuadamente el servicio requerido.
En este sentido, los republicanos quieren saber qué procedimiento se siguió para seleccionar a cada una de las dos profesionales y quién comprobó previamente su competencia lingüística en catalán. También plantean al Govern si considera que los hechos constituyen una incidencia puntual o si ponen de manifiesto una deficiencia en los mecanismos de selección, acreditación y control de los servicios de interpretación judicial externalizados.
La formación también pregunta qué responsabilidades contractuales exigirá Justicia a la empresa adjudicataria si se confirma que, a pesar de conocer con antelación que sería necesario interpretar del catalán, no proporcionó profesionales con la competencia lingüística requerida. La petición parlamentaria llega después de que el propio Departamento de Justicia haya reaccionado a los hechos con un requerimiento a la empresa concesionaria del servicio de interpretación en los juzgados para que aclare "de manera inmediata" los "incumplimientos" detectados. La consejería ha reclamado que el servicio se ajuste a las condiciones contratadas y ha señalado que estudia adoptar medidas.
Un servicio de 3,9 millones de euros
Justicia ha defendido que el Govern de Illa trabaja "intensamente" para promover el uso del catalán también en el ámbito judicial y que defiende los derechos lingüísticos de la ciudadanía. El Departamento ha expresado su "preocupación" por los hechos ocurridos en la Audiencia de Barcelona y ha indicado que está estudiando las medidas que correspondan. Los servicios de interpretación y traducción en los órganos judiciales y fiscalías de Catalunya se prestan principalmente mediante empresas adjudicatarias de los diferentes lotes de los concursos públicos. Según la memoria del Departamento de Justicia correspondiente a 2024, estos servicios tuvieron ese año un coste total de 3,9 millones de euros.
El caso ha provocado también la reacción de Irídia, Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que ejercen la acusación particular y popular en la causa. Las tres entidades han denunciado los hechos como una "vulneración de los derechos lingüísticos" protegidos por la Carta de derechos lingüísticos de la ciudadanía y la Ley orgánica del poder judicial. El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha denunciado que la "catalanofobia" está "arraigada" en el sistema judicial español y ha lamentado que ninguna de las dos intérpretes asignadas al juicio tuviera suficiente dominio del catalán para desarrollar su tarea.