"Es un golpe de estado de la judicatura española." Con estas palabras Marta Vilaret, vicesecretaria general de Derechos de ERC, ha calificado este miércoles la interpretación del juez Pablo Llarena a la reforma del Código Penal, pactada por el PSOE con Podemos y ERC. Vilaret ha hecho esta valoración, en una rueda de prensa con los abogados de los líderes de ERC condenados, casi al mismo tiempo que el fiscal general del Estado ha hecho pública la orden para interpretar de forma unificada los nuevos delitos de malversación. En esta orden, la Fiscalia General del Estado apuesta por la visión más estricta, ya que sostiene que se puede mantener la acusación por malversación agravada, aunque no haya enriquecimiento personal, como pasó el 1-O. El abogado Andreu van den Eynde, ha asegurado que los jueces "han retorcido la ley y el espíritu de la reforma", aunque ha añadido que si el Tribunal Supremo mantiene este posicionamiento, les da "armas" ante la justicia europea y la comunidad internacional.
Andreu Van den Eynde y Olga Arderiu, abogados del exvicepresidente del Govern y líder de ERC Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa y la expresidenta del Parlamento Carme Forcadell, han comparecido este miércoles en rueda de prensa para detallar que solicitan al tribunal, que preside Manuel Marchena, que revoque la condena de los cuatro republicanos con la aplicación de la reforma del Código Penal. Acabada la rueda de prensa, la Fiscalía del Supremo ha anunciado que pide al tribunal que mantenga la misma pena a los condenados por el delito de sedición y malversación, al considerar que el nuevo delito de desórdenes agravados puede sustituir al delito de sedición. Las penas, sin embargo, no son equiparables, ya que el nuevo delito de desórdenes castiga hasta una pena de 5 años de prisión.
Carrera de controles
Antes, Van den Eynde no se ha extrañado de que la Fiscalía mantendría este posicionamiento menos favorable a los líderes del procés. Preguntado por si la reforma del Código Penal ha sido precipitada, como indican algunos expertos, el penalista ha afirmado: "El legislador no puede entrar en una carrera para controlar a los jueces, y los jueces no han entendido quién redacta las leyes."
El abogado también ha insistido en que la reforma del delito de malversación no se puede aplicar al gasto que se atribuye a la consulta del 1-O, aunque -añade- que si se aprobara sería una administración desleal. Es decir, el delito de malversación atenuado. "Al TEDH o a Naciones Unidas lo que recibimos de feedback es como el poder judicial retuerce el derecho y eso supone una protección para los exiliados y nos da armas de cara a Estrasburgo", ha sentenciado el letrado.
Por su parte, Arderiu ha asegurado que no se puede sustituir el delito de sedición por el de desórdenes públicos, como ahora pide la Fiscalía, ya que "se vulnera el principio acusatorio". Ha detallado que en los hechos probados de la sentencia del procés, que no se pueden modificar en la revisión, "no se detallan acciones de violencia" para que se pueda encajar ahora con el nuevo delito de desórdenes. Además, ha añadido que este nuevo delito y sus acciones no existían y, por lo tanto, no se puede aplicar, como han defendido juristas como Joaquín Urias.