La Fiscalía del Tribunal Supremo reclama que se mantenga para el líder de ERC, Oriol Junqueras, la inhabilitación de 13 años, tal como se le condenó por los delitos de sedición y malversación de fondos, al considerar que el nuevo delito de desórdenes públicos agravados sustituye el primer delito derogado, según ha adelantado Efe este miércoles. Los cuatro fiscales del procés han pedido en la sala de lo penal del Tribunal Supremo que "se oponen a la revisión" de las condenas a los líderes independentistas, a los cuales se les condenó por los dos delitos, que son, además de Junqueras: Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa (los tres condenados a 12 años), al considerar que sus condenas de inhabilitación siguen siendo posibles con la actual reforma del Código Penal y que revisarlas sería "desfavorable".
Acusados de desórdenes y desobediencia
Paralelamente, los fiscales piden que rebajen las condenas al resto en aplicarles la reforma del Código Penal. En concreto, a la presidenta del Parlament Carme Forcadell a 9 años y 2 meses por desórdenes agravados y desobediencia; a los líderes sociales, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, a 5 años por desórdenes, y a los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull, a 8 años y 2 meses por desórdenes y desobediencia.
Precisamente, este miércoles el fiscal general del Estado ha hecho público el decreto para unificar criterio en nuevos delitos de malversación, donde valida las altas peticiones de penas a los acusados de organizar el 1-O. Los 9 independentistas catalanes fueron indultados de las penas de prisión por el gobierno del PSOE, pero no la pena de inhabilitación a cargo público.
La estrategia de las defensas
Por el contrario, los abogados de ERC han pedido al Tribunal Supremo que en la revisión de la condena, obligada por la reforma del Código Penal, les retire toda condena, puesto que se ha derogado el delito de sedición y el de malversación, no se puede aplicar. Los abogados de Junts no han presentado ninguna petición al Supremo, al considerar que prefieren que la interpretación sea hecha por los tribunales europeos. El expresidente de Òmnium, Jordi Cuixart, sí que ha escrito al Supremo, pero para decirle que no revise su sentencia y que ya lo hará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En su escrito, VOX, como acusación popular, se posiciona igual que la Fiscalía, el delito de sedición ha desaparecido, pero reclama que se mantenga la condena por malversación agravada.
Recursos en el Supremo y en el TC
Presentados los escritos, el Tribunal Supremo, presidido por Manuel Marchena, tendrá que aplicar la revisión de la condena del procés, que él mismo redactó. Es previsto que no sustituya el delito de sedición por los desórdenes públicos agravados, como hace la Fiscalía, y seguirá el criterio del juez Llarena. Lo más importante será ver qué tipo de malversación aplica, puesto que al condenarlos por sedición en concurso medial con malversación no detalló las penas de cada delito.
Los independentistas catalanes y las acusaciones pueden presentar recurso contra la resolución de Marchena a la sala de lo penal del Supremo. Y después, pueden presentar recurso de amparo en el Tribunal Constitucional (TC), que inicialmente no suspende las penas, y finalmente al tribunal de Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya tiene las demandas de los independentistas catalanes por vulneración de derechos fundamentales en la primera sentencia del Supremo.