Esta mañana se ha presentado en rueda de prensa un informe elaborado por las organizaciones de defensa de derechos humanos Irídia y Novact que plantea la necesidad de comprender y exponer los impactos que ha generado el uso de las balas de goma en el estado español en los últimos veinte años. Para ello se recoge la experiencia y la lucha de organizaciones de víctimas (como Stop Balas de Goma y Ojo con tu Ojo), así como la voz de personas expertas y organizaciones nacionales e internacionales. La investigación se ha topado con la dificultad de acceder a información de los mecanismos públicos de consulta del estado español: las autoridades han aludido cuestiones de seguridad nacional y pública.

Asimismo, varias personas que han perdido la visión de un ojo por el impacto de una bala de goma han presentado la creación de una asociación estatal para dar apoyo a otras víctimas. Esther Quintana, que perdió un ojo por impacto de bala de goma en 2012, ha presentado la Asociación Stop Balas de Goma, que tiene también por objetivo lograr la prohibición de las balas de goma en el estado español. Quintana anima a cualquier afectado, a sus familiares o quien tenga interés en contribuir a la prohibición de esta arma a contactar con el colectivo.

Un muerto y once heridos

Desde el año 2000, y hasta el último caso conocido de afectación grave en 2017, se contabiliza que las balas de goma han dejado, al menos, una persona muerta por impacto directo y 11 han perdido la visión de un ojo. Serlinda Vigara, de Novact, ha recordado el caso de Íñigo Cabacas, que murió tras un traumatismo craneoencefálico. Además, 14 personas murieron ahogadas cuando buscaban alcanzar a nado las costas del Tarajal (Ceuta), en 2014, mientras la Guardia Civil realizaba disparos de balas de goma. Laura Medina, abogada de Irídia, explica que el procedimiento penal por estas muertes ha sido archivado hasta tres veces y apostilla: “El uso de balas de goma ante personas indefensas que se encuentran en el mar en un contexto fronterizo constituye una grave vulneración de derechos humanos, que encuentra su explicación en el racismo institucional”. 

Esther Quintana, afectada por un impacto de bala de goma que le provocó la pérdida de su ojo izquierdo, resalta que la consecuencia física es la más visible, tras seis operaciones, pero que la cicatriz psicológica también fue muy importante: “El impacto de la bala de goma truncó mi vida. A partir de ahí tuve que reconstruir todo, no solo a nivel físico, también emocional, laboral, social… todo cambió en ese momento”.

La normativa de la ONU prohíbe disparar a la cabeza, el cuello, el pecho y la ingle. Sin embargo, más de la mitad de las víctimas documentadas en el estado español en esta investigación, 18 personas (el 69%), recibieron impactos en la zona de la cabeza y cinco en el tronco. En estos casos el perímetro ocular fue la zona más afectada, con 13 de 18 casos. De estos, siete terminaron con una mutilación del globo ocular y cuatro con pérdidas de visión. A las lesiones físicas hay que sumarles las psicológicas y las repercusiones sociales.

En ninguno de los 40 casos identificados entre el 2000 y el 2020 se ha condenado al autor material del disparo. Solo en un caso, el de Iñigo Cabacas, se condenó a un mando de la Ertzaintza por un delito de homicidio cometido por imprudencia grave, por no detener la carga policial. En el caso de Roger Español, a pesar de tener individualizado al agente y el momento del disparo, ni los mandos, ni los agentes presentes, ni el Cuerpo Nacional de Policía identificaron al autor. Esta es una dinámica recurrente en casos de violencia policial. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha llamado la atención al estado español en 13 ocasiones por no investigar denuncias de malos tratos policiales.

La abogada y codirectora del Centro Irídia, Anaïs Franquesa, afirma lo siguiente: “La inutilización de un órgano principal, las mutilaciones, pueden llegar a penas de 12 años de prisión. Son delitos altamente graves, pero, en cambio, vemos como eso no se traduce en condenas efectivas al autor material”. Además, añade: “Tenemos un problema con los mecanismos de fiscalización y control de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ese problema se llama impunidad”. Franquesa destaca también que la trazabilidad es muy difícil: no hay nada que permita saber qué agente o desde qué arma se disparó un proyectil. Esto contribuye también a la impunidad.

Pelotas de goma permitidas para los cuerpos de seguridad del Estado

En la actualidad los agentes del Cuerpo Nacional de Policía tienen permitido el uso de balas de goma en todo el estado español. La normativa que regula los medios utilizados por las FCSE no es pública, por lo que no se puede determinar si cumple con los estándares internacionales. Por otro lado, su uso está prohibido en Navarra, Euskadi y Catalunya. Daniel Canales, de Amnistía Internacional, destaca: “Lo que establece la circular de 2013 —que no sabemos si rige o no— de uso de balas de goma no tiene nada que ver con las normativas internacionales (...) ni recoge directrices sobre las partes del cuerpo a las que puede o no dispararse, únicamente hace referencia a cuestiones técnicas”. Para acabar, añade: “El posicionamiento de Amnistía Internacional es pedir la prohibición de las balas de goma en el conjunto del estado español, porque es elevado el riesgo que tienen de causar graves lesiones”. 

El objetivo de este informe es contribuir al debate público, exponiendo que se trata de un arma imprevisible y con gran potencial lesivo. Las balas de goma se disparan a 144 julios, por lo que son potencialmente letales y pueden producir lesiones graves. Por ello no cumplen con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza.

Se recomienda su prohibición al Gobierno del estado español y se pide al ministerio fiscal la creación de una fiscalía especializada en violencia institucional que supervise todos los procesos que estén relacionados con la misma, incluidos los casos de balas de goma y otros proyectiles de impacto de energía cinética (PIEC).