Una entidad próxima a Isabel Díaz Ayuso será la voz contra Carles Puigdemont en el Tribunal Supremo por Tsunami Democràtic. En un auto de este jueves, la magistrada Susana Polo ha acordado que Dignidad y Justicia (DyJ) dirija la acusación popular en la causa que investiga a Puigdemont y Ruben Wagensberg por terrorismo. "Que el ejercicio de la acción popular en la presente causa sea ejercido bajo una misma dirección y representación, que corresponde al primer compareciente en legal forma", dice el auto, en referencia a la mencionada asociación.

DyJ es una asociación de víctimas del terrorismo presidida por Daniel Portero, diputado del PP en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. La entidad, además, cuenta con el apoyo del gobierno de la Comunidad de Madrid. En los últimos meses, ha conseguido que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón reabra la causa sobre los ongi etorri y ha defendido el que te vote Txapote como "libertad de expresión".

Sin acuerdo entre Vox, Societat Civil y DyJ

Vox, Societat Civil Catalana, DyJ y un particular, Francisco Velasco Pedraza, habían solicitado su personación como acusación popular en esta causa. La magistrada citó todas las partes el martes pasado para escucharlas y que se pusieran de acuerdo para decidir quién tenía que asumir la dirección de la acción popular, con el fin de agilizar el procedimiento. Ahora, Polo ha tomado la decisión "ante la falta de acuerdo" entre todas las acusaciones populares y ha explicado que "tiene que ser el criterio objetivo de prioridad en la personación ante este tribunal el que imponga la preferencia". "En este caso, la asociación Dignidad y Justicia que se personó en las actuaciones el 6 de febrero del 2024", ha concluido.

Hay que recordar que Polo ha citado a Puigdemont y Wagensberg para que declaren de forma voluntaria por videoconferencia entre el 17 y el 21 de junio, en el marco de la causa penal abierta por el Supremo en febrero por presuntos delitos de terrorismo. El alto tribunal asumió la competencia sobre los hechos a petición de García Castellón, que todavía investiga otra decena de personas por los disturbios atribuidos a Tsunami Democràtic. La cita de los dos dirigentes independentistas es la primera diligencia que ordena la magistrada desde que recibió el encargo de instruir la causa. Si el asunto está en manos del Supremo es porque los dos tienen la condición de aforados: Puigdemont por ser eurodiputado y Wagensberg por ser diputado del Parlament.

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