El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado el registro de la estelada como diseño industrial en la Oficina Española de Patentes y Marcas, un registro realizado por José Antonio Blázquez, vecino de Roses. Blázquez, que registró el símbolo en 2013, declaró que "aprovechaba un vacío legal" para explotar económicamente la utilización de la bandera independentista.

La sentencia de la sección quinta de la sala contenciosa administrativa del TSJC considera que registrar esta bandera incumple algunos requisitos legales necesarios. En concreto, concluye que el registro de estas banderas como diseño industrial falta del requisito de novedad y del de singularidad, estimando así el recurso presentado por Elisenda Romeu contra la resolución del Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas del 20 de enero de 2015.

En la demanda se defendía que la estelada es una bandera de "carácter político, que es el símbolo identificativo para las personas y formaciones de carácter independentista de Catalunya desde 1906", y reconocían que, a pesar de no ser oficial, es un signo que desde su creación se usa de forma transversal.

Afirmaban que la inscripción de la estelada en el registro por parte de José Antonio Blázquez era para "impedir su uso", y lamentaba que la atribución en monopolio de los diseños impediría usar un símbolo general y común que comparte el independentismo.

Ahora el TSJC le da la razón revocando la concesión e impone a la parte demandada el pago de las costas hasta una cuantía máxima de 1.000 euros, según la sentencia.

Cobrar a ayuntamientos y empresas

José Antonio Blázquez, que se definía como "español ante todo", era oficialmente el propietario de la patente de la estelada desde 2013. Al adquirirla, Blázquez explicó que al comprobar que el diseño no estaba registrado en la oficina de patentes se puso a trabajar al ver una oportunidad de negocio para poder explotarla económicamente.

Una vez registrada la patente, advertía que la bandera "tiene propietario" y que quien comercializara productos con su diseño tendría que "pasar por caja". Aseguraba que no se opondría a que se siguiera utilizando públicamente, pero que sí se reservaba el derecho de actuar legalmente contra las empresas que la distribuyeran. Lo mismo pasaría con los ayuntamientos que la exhibieran "con los que se tendrá que llegar a un acuerdo económico", aseguraba entonces.