El 'efecto Illa' tenía fecha de caducidad: el 14 de febrero del 2021. Los catalanes se pronunciaron en las urnas y dieron al PSC un empate es escaños con Esquerra Republicana. Ni siquiera una victoria: un empate. El premio de consolación fue la victoria moral de haber ganado en porcentaje de voto. En la cabeza del gurú Iván Redondo, presente ayer al lado de Salvador Illa, era una idea brillante: repetir la hazaña de Inés Arrimadas, cuando se impuso con 36 diputados. De hecho, en su porra (en RAC1), el candidato socialista se ponía 35, seguido de Junts con 31. No ha podido ser. Salvador Illa no gobernará.

A partir de aquí, en La Moncloa ya han pasado de fase: Pere Aragonès será presidente –si el independentismo no se pone palos en sus propias ruedas– y Salvador Illa será el líder de la oposición. En la noche electoral en Ferraz, los máximos dirigentes del PSOE ya tenían asumido que sería este el nuevo tablero de juego de la política catalana, especialmente después de ampliarse la mayoría independentista en el Parlament y que los republicanos certificaran por escrito que no habría tripartitos con los socialistas, el gran espantajo que les ha perseguido. Las promesas de Illa de ir a la investidura no son más que humo para la galería (si no hay discordia, el presidente del Parlament seguirá siendo independentista). ERC se ha empoderado y el PSOE se ha vuelto a quedar sin el control de Catalunya y su primera institución. Como mucho aspiran que los comunes se puedan colar en la fotografía del Consell de Govern, pero tampoco parece fácil.

La apuesta fallida tiene un coste. Este escenario no era el peor que temía el PSOE de Pedro Sánchez. Este era la victoria de Laura Borràs en el campo independentista, más proclive a la "confrontación" con el Estado español. Pero tampoco era el escenario ideal, que pasaba evidentemente por una victoria solvente de Illa que hiciera explotar las dinámicas de bloques. Esto tampoco ha pasado. En este contexto, ERC tiene la sartén por el mango, también la de la estabilidad del Gobierno. Durante la precampaña, ya enviaron un aviso a navegantes en el Congreso de los Diputados, donde rechazaron el decreto de gestión de los fondos europeos por centralista e inconcreto. Paradójicamente, el Gobierno tuvo que recurrir a la abstención de la extrema derecha de Vox para poder convalidarlo y no sufrir un sonoro revés.

ERC tiene la sartén por el mango, también la de la estabilidad del Gobierno

La factura que querrán cobrar los republicanos ya la dejó claro Pere Aragonès al finalizar el escrutinio: libertad de los presos políticos y mesa de diálogo para enfrentar de verdad el conflicto político. Quieren los réditos que, hasta ahora, no han obtenido. ERC tiene el compromiso privado de impulsar los indultos a los presos políticos, con la condición de que se haga con la máxima discreción y el menor ruido ambiental posibles, tanto de la derecha como del independentismo. También tiene el compromiso, votado en el Congreso, de reunir la mesa de diálogo tan pronto como haya nuevo Govern de la Generalitat. Hace un año que se reunió por primera y última vez, un incumplimiento que pesa mucho. Ahora desde Calabria se aferran a la premisa del expresidente socialista José Montilla: hechos, no palabras. La estabilidad española pasa por la estabilidad catalana. Recursos como el de la Fiscalía --que depende de Sánchez-- contra el tercer grado sólo complican las cosas.

Este mismo martes, Gabriel Rufián acabará de apretar un poco más los tuercas en el Congreso de los Diputados. Tan sólo dos días después de las elecciones, se debatirá una moción de ERC que, textualmente, insta al gobierno a "negociar un referéndum de autodeterminación con el Govern de la Generalitat de Catalunya como solución pactada y democrática al conflicto político". El resultado es previsible: no triunfará por el voto en contra de los socialistas. Pero puede servir para tensar todavía más las costuras del Gobierno de coalición, si Podemos es coherente con su discurso sobre el conflicto catalán. La formación de Pablo Iglesias admite que todavía no ha fijado su posición a horas que se debata en las Cortes españolas.

Las elecciones de este domingo han cerrado un ciclo electoral en el conjunto del Estado. Pedro Sánchez tiene en frente dos años libres de cualquier tipo de convocatoria electoral. En Madrid se había especulado con un eventual adelanto de las elecciones generales si el viento soplaba a favor de los socialistas. Pero Podemos ha revertido en Catalunya la tendencia del País Vasco y Galicia. En cambio, la alternativa, que podría haber representado Ciudadanos, va de debacle en debacle. La Moncloa no tiene hoy alicientes para hacer saltar por los aires el complejo juego de equilibrios de la actual legislatura.

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