El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha decidido acelerar los trámites judiciales de la causa contra el president en el exilio Carles Puigdemont. El magistrado de la causa del 1-O, Pablo Llarena, pidió a este tribunal europeo que se pronunciara sobre la extradición después de que Puigdemont perdiera la inmunidad como eurodiputado. Ahora, el TJUE ha acordado tramitar esta petición con carácter de urgencia para resolver lo antes posible la cuestión, aunque ya ha alertado de que tardará entre seis meses y un año.
El juez del Supremo ha planteado una cuestión prejudicial para que el TJUE valore las denegaciones que hizo la justicia belga de las euroórdenes contra los exiliados que se han hecho hasta ahora. En concreto, quiere que la justicia europea valore el alcance y las razones de denegación con el fin de poder establecer criterios sobre si se tienen que mantener, retirar o emitir nuevas euroórdenes contra los exiliados.
Los argumentos
El magistrado considera que Bélgica "no ha respetado los pronunciamientos judiciales sobre el derecho interno español", que afirma que "se tramitará y ejecutará con carácter de urgencia" la orden de detención europea. Llarena asegura que el artículo 17 de la Decisión Marco de 2020 de la Orden Europea de Detención y Entrega lo avala y pide a Europa que establezca si la autoridad judicial de ejecución, Bélgica en este caso, puede cuestionar la competencia de la autoridad judicial de emisión, el Supremo, para actuar en la causa penal concreta.
Llarena plantea que en caso de que el TJUE considere que la autoridad judicial de ejecución pueda controlar la competencia de la autoridad judicial que emite la ODE, surgen dudas sobre cuáles son los elementos que el órgano de ejecución tendría que tener en cuenta para realizar este control sobre competencia. Según la Decisión Marco, sólo el Estado de emisión determina las autoridades competentes y lo hace de acuerdo con su derecho interno.
En consecuencia, según el juez, "el órgano de ejecución no puede aplicar ni interpretar el derecho interno español, además que tampoco lo ha hecho adecuadamente y que ha obtenido sus conclusiones sobre la competencia (o, mejor dicho, sobre la ausencia de la misma) interpretando y poniendo el énfasis en otros elementos diferentes". Por todo eso, concluye que él es competente.
Imagen: El magistrado Pablo Llarena / EFE
La estrategia de Llarena
El magistrado del Tribunal Supremo, que ya había planteado esta posibilidad en las partes recibiendo el apoyo|soporte de la Fiscalía, busca, pues, que el TJUE determine las razones por las cuales se puede rechazar una orden de detención y entrega europea. Una vez obtenga la respuesta del TJUE, Llarena decidirá si mantiene, retira o emite nuevas euroórdenes. Cuando tenga notificación formal del Parlamento Europeo sobre la aprobación del suplicatorio contra Puigdemont, Comín y Ponsatí, Llarena podría reactivar las euroórdenes.
Imagen principal: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea / ACN