El Tribunal Constitucional ha aprobado hoy por unanimidad mantener las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión en España de Carles Puigdemont y Toni Comín. Tumba, por lo tanto, la petición de suspensión de las órdenes dictadas por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena cuando era el titular de la instrucción contra el procés en la Audiencia Nacional.

En el escrito judicial, el ponente, el magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón, argumenta que retirar las órdenes de detención supondría una desautorización del Tribunal Supremo: "Tal suspensión implica la perturbación de la función jurisdiccional, y supone una injerencia de la jurisdicción constitucional en las decisiones adoptadas por la jurisdicción ordinaria, que tiene que ser abordada con mucha cautela, caso a caso, para evitar que este Tribunal ejerza funciones que le están constitucionalmente prohibidas por ser propias de la jurisdicción ordinaria".

Delitos graves

El Tribunal insiste en que las órdenes de detención se dictan "después procesar por delitos graves a Puigdemont y Comín, que, desde el mes de julio de 2018, han sido declarados procesalmente rebeldes por no haber concurrido a ninguno de los llamamientos judiciales que les han formulado".

Y concluye afirmando que "si levantara las órdenes de busca y captura acordadas, estaría negando, de hecho, su necesidad y legitimidad, así como la concurrencia de los presupuestos jurídicos que han llevado a la jurisdicción ordinaria a su adopción y mantenimiento a pesar de haberles reconocido la adquisición de las prerrogativas e inmunidades que les corresponden como parlamentarios europeos".

Carles Puigdemont y Toni Comín se marcharon al exilio los días posteriores al 27 de octubre del 2017. El 1 de noviembre llegó la primera citación para declarar en la Audiencia Nacional, pero Puigdemont, Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig se quedaron en Bruselas. Fue en aquel momento cuando el instructor, Pablo Llarena, cursó las órdenes de detención nacionales e internacionales.

La orden de detención nacional supone que en el momento en que tanto Carles Puigdemont como Toni Comín pongan un pie en Catalunya o en cualquier lugar de España, nada más cruzar la frontera, los cuerpos policiales los tienen que detener. 

Es lo mismo que pasó con la orden internacional de detención cuando arrestaron a Carles Puigdemont en Alemania. En aquel caso, sin embargo, se denegó la extradición para poderlo juzgar.

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