El Tribunal Constitucional analizará el polémico 155 digital, el decreto aprobado por el Gobierno "contra la República Digital". El alto tribunal ha admitido a trámite este martes los recursos de inconstitucionalidad que presentaron tanto el Govern de la Generalitat como el Parlament de Catalunya. Los magistrados han trasladado la demanda al Congreso de los Diputados, el Senado y el Gobierno para que puedan personarse y formular alegaciones.

Concretamente, el pleno del TC ha admitido los recursos de inconstitucionalidad promovidos por las dos instituciones catalanas contra los artículos 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del decreto, así como varias disposiciones de la norma. Los magistrados dan un plazo de quince días al Congreso de los Diputados, el Senado y el Gobierno para que "puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran oportunas".

 

El decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros en el primer día de la campaña del 10-N y fue convalidado por el Congreso de los Diputados a finales de noviembre, gracias a la abstención de Unidas Podemos, a pesar de sus críticas a la norma. El resto de socios, desde Compromís hasta el PNV y los independentistas, votaron en contra. Todos ellos denunciaron el mecanismo que habilita el Estado a cerrar páginas webs y redes sociales sin orden judicial amparándose en un concepto ambiguo de "amenazas al orden público".

Con el visto bueno del Consejo de Garantías Estatutarias, el Govern acordó el 29 de enero presentar un recurso delante del TC. El CGE señalaba que estos artículos son contrarios a la Constitución, exceden las competencias del Gobierno, vulneran las competencias de la Generalitat y son contrarios al reglamento de la Unión Europea relativo a la protección de las personas físicas, con respecto al tratamiento de datos personales. El informe advertía que la norma era "susceptible de producir injerencias en el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas". Con los mismos argumentos, el Parlament aprobó el pasado 5 de febrero presentar otro recurso de inconstitucionalidad.