El espionaje contra líderes independentistas también ha impactado en el Parlament, donde como mínimo 25 personas que han sido diputadas o lo son en la actualidad son víctimas del CatalanGate. Es por este motivo que el miércoles la Mesa del Parlament acordó por unanimidad ―incluido el PSC― encargar a los servicios jurídicos de la cámara que analicen cuál es la mejor manera de acompañar a los afectados. Después por la tarde la presidenta Laura Borràs convocó una Junta de Portavoces telemática para elaborar una declaración, que han acabado de acordar esta mañana ERC, Junts, CUP y comuns, y que el PSC ha decidido no avalar.
Según ha podido saber ElNacional.cat, los socialistas no se han añadido a la declaración después de haber presentado varias enmiendas que los partidos independentistas no han aceptado. ¿Qué enmiendas proponía el PSC que no se han aceptado? En la parte inicial del texto los socialistas exigían sacar del título de la declaración el concepto CatalanGate, también eliminar una parte del texto que pone el acento en la represión contra el independentismo, que dice así: "Es evidente que en este caso, el uso de este software continúa enmarcado en la causa general contra el independentismo, iniciada en el 2017 para contrarrestar un movimiento pacífico, cívico y democrático".
Ya con respecto al final del escrito, donde se recoge la esencia de la declaración, los socialistas querían cambiar "exigir al Gobierno del Estado" por "exigir al Estado" que investigue los hechos, y también querían eliminar del escrito que el CatalanGate ha sido una práctica ilegal "de espionaje contra la disidencia política", y es que en otro punto los socialistas también reclamaban cambiar "disidencia política" por "pensamiento político". Por último, el PSC también quería eliminar del texto una parte donde se reclama que el Estado adopte medidas para garantizar que ninguna persona pueda ser víctima de "persecución por defender un proyecto político".
La discrepancia del PSC con el escrito de los independentistas tampoco es novedad. Un día después de que estallara la polémica del CatalanGate, la portavoz de los socialistas en el Parlament, Alícia Romero, cerró filas con la Moncloa y defendió con contundencia que el estado español "es un estado de derecho donde se respetan los derechos fundamentales". Sí que admitió preocupación por el hecho de que haya espionaje contra líderes políticos, pero se mostró convencida de que el Gobierno colaborará para aclarar los hechos. Ahora, pues, los socialistas se desmarcarán de la condena al CatalanGate.
¿Qué dice la declaración?
La declaración que han acordado los tres partidos independentistas y los comuns expone que el Parlament condena el espionaje político, que supone una flagrante vulneración de derechos humanos fundamentales reconocidos; también manifiesta su apoyo y solidaridad con las personas afectadas; exige al gobierno del Estado una investigación "con la máxima celeridad"; reclama la adopción urgente por parte del Estado de las medidas para erradicar el espionaje político; reafirma el compromiso democrático de defender derechos y libertades de la ciudadanía, y se compromete a proteger y preservar los derechos de las personas espiadas, entre ellas diputados, a través también de "personarse en las causas que se abran a raíz de las denuncias de las víctimas".