La Mesa del Parlament ha acordado este miércoles por unanimidad encargar a los servicios jurídicos de la Generalitat que analicen como acompañar y dar apoyo a las personas afectadas por el CatalanGate, después de constatar que hasta 25 de los independentistas espiados han sido o son en la actualidad diputados de la cámara catalana. Así lo ha acordado la Mesa que se ha celebrado esta mañana y que se ha alargado más de dos horas, y la propuesta ha contado también con el apoyo del PSC, han asegurado fuentes parlamentarias.
Así pues ahora los servicios jurídicos tendrán que analizar la mejor manera que tiene el Parlament para acompañarlos, bien con una denuncia, o acompañándolos en las querellas individuales que han anunciado, o cualquier otra fórmula. Además, en la Junta de Portavoces celebrada después de la Mesa se ha acordado que se incluiría un punto al orden del día del pleno de la próxima semana para poder aprobar la fórmula que finalmente decidan los servicios jurídicos. Asimismo, fuentes parlamentarias han explicado que el Parlament también estudiará medidas para protegerse de posibles espionajes, después del escándalo destapado.
Borràs exige dimisiones
Antes de celebrarse la Mesa del Parlament la presidenta, Laura Borràs, ha valorado el CatalanGate en una entrevista a Catalunya Ràdio, donde ha exigido las dimisiones del presidente español, Pedro Sánchez, y los ministros del Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles. Borràs, que es una de las espiadas, ha explicado que se ha visto obligada a cambiar de teléfono móvil y a cumplir otra serie de recomendaciones que le han indicado los expertos. Lo que tiene claro la presidenta del Parlament es que el estado español está detrás de estos ciberataques y lo afirma después de ver "la información contrastada por los expertos", y es por eso que no ha dudado al pedir dimisiones al Gobierno.
En esta misma entrevista la presidenta del Parlament ha aprovechado para adelantar que en la reunión de la Mesa y de la Junta plantearía que la cámara catalana emprenda acciones legales por el CatalanGate, y ha defendido que haya una "denuncia legal conjunta" del Parlament como representante de los diputados afectados por Pegasus. Además, Borràs también ha adelantado que esta cuestión se tiene que debatir al pleno del Parlament, como se hará, y que se tienen que poner mecanismos para la protección cibernética. Y, en este sentido, ha puesto de ejemplos que se podrían organizar jornadas específicas de formación para los diputados.
Quien no ha estado tan contundente contra los miembros del Gobierno ha sido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha considerado que es necesario no hacer especulaciones sobre quien conocía y quien no el caso de espionaje entre las filas de la Moncloa. En una entrevista en Rac1, el presidente catalán ha apuntado el CNI como responsable de los espionajes, y una vez más, como ya hizo el martes, ha reclamado al Gobierno transparencia y asunción de responsabilidades para restaurar la confianza dañada.