Desde Ciudadanos le llamaban cuponazo, en un tono claramente despectivo, al régimen especial del País Vasco y Navarra. "Es injusto y un amaño", decía su líder, Albert Rivera, hasta hace pocos meses. Argumentaba que no tenía sentido que en el Estado español hubiera "tres mini-haciendas", refiriéndose a las diputaciones forales vascas. Ahora aquellas arengas contra el concierto económico vasco y navarro, aquellas peticiones de derogación, han quedado olvidadas en un cajón. El motivo: el pacto con Unión del Pueblo Navarro.
Concretamente, bajo el nombre Navarra Suma, Ciudadanos ha llegado a un acuerdo con UPN para concurrir en coalición a las elecciones españolas y navarras y en algunos municipios de la comunidad foral. El objetivo es el de hacer un frente común --junto con el PP-- para echar a la presidenta nacionalista Uxue Barkos, de Geroa Bai, del poder. Barkos cuenta con el apoyo de EH Bildu, Podemos Orain Bai y Izquierda-Ezkerra.
En estos momentos, Ciudadanos no tiene representación en el Parlamento de Navarra. En las elecciones de mayo del 2015 obtuvo sólo 9.993 votos, el 2,96% del total de los sufragios. Tampoco tiene ningún concejal. Lo mismo sucede en el Parlamento vasco, donde en las elecciones del 2016 sólo recogieron 21.000 votos (2,02%) y ningún escaño. Tiene sólo dos concejales. El principal factor ha sido su histórica oposición al régimen económico especial, que en cambio el PP y el PSOE siempre han defendido con buen olfato electoral.
Pero ahora las cosas han cambiado. UPN, primera fuerza en número de diputados en el Parlamento de Navarra, es un firme defensor del foralismo navarro, desde una concepción regionalista de centroderecha, al estilo del PP gallego de Alberto Núñez Feijoo. A cambio de la implantación territorial de este partido, Ciudadanos renuncia a uno de sus mantras.
Este mismo miércoles, su diputado Toni Roldán aseguraba que la formación respeta el Convenio Económico navarro, porque así está recogido en la Constitución española, aunque reclamaba un cálculo "justo, transparente y solidario" para garantizar la igualdad entre los españoles.
Esta posición dista mucho de la mostrada por Albert Rivera durante el debate de la ley del concierto vasco en noviembre del 2017, cuando denunciaba "la injusticia que supone el 'cuponazo'" que "incrementa la desigualdad entre españoles". Ahora, sin embargo, la calculadora electoral dice otra cosa.