Sin sustos. El 13 de marzo el 97,23% de las bases de Esquerra Republicana cerraba filas y aprobaba la nueva hoja de ruta de los republicanos basada en la apuesta por la mesa de diálogo, apuntalando así la bandera de la negociación que Oriol Junqueras asegura que es la vía para resolver el conflicto entre Catalunya y el Estado español, una vía que el líder de los republicanos reivindica que la exige también la comunidad internacional. Los republicanos aprobaban esta estrategia en el marco de la Conferencia Nacional del partido, donde también las bases incorporaron una exigencia sobre este diálogo: la existencia de una metodología clara, un calendario acordado de reuniones que se pueda cumplir, y el retorno pertinente a la ciudadanía. Esta estrategia se aprobaba con la previsión de celebrar pronto un encuentro de la mesa de diálogo, que según habían acordado ambos gobiernos, se tenía que llevar a cabo "a principios de año".
Esta previsión no se ha cumplido y a la mitad de 2022 todavía no hay fecha, pero sí una reactivación de las relaciones entre ERC y el Gobierno que llega dos meses después del CatalanGate y la misma semana en que se han acabado las elecciones andaluzas: el lunes mismo la portavoz Marta Vilalta ponía encima de la mesa la necesidad de reactivar el diálogo, el martes el Govern anunciaba una reunión entre Laura Vilagrà y Félix Bolaños y el miércoles Oriol Junqueras apuntalaba esta apuesta ampliamente criticada por la otra parte independentista: Junts y la CUP. Todo ha desencadenado en un cúmulo de reproches cruzados entre Marta Rovira y Gabriel Rufián por la parte republicana, y Carles Puigdemont, Jordi Puigneró i Laura Borràs en la otra banda|lado, entre muchas otras voces de Junts.
¿Por qué ERC, a pesar de las críticas y las tensiones que la estrategia genera con los socios de Govern, sigue apuntalándola? Los republicanos son plenamente conscientes de que esta estrategia levanta polvareda y que es muy difícil de defender sobre todo ante el independentismo decepcionado, pero tienen claro que lo apuntalan porque, como mínimo, dicen, ofrecen una estrategia. "Si alguien tiene otra alternativa que la diga", ha pronunciado en reiteradas ocasiones la portavoz Marta Vilalta cuando Junts ha activado la maquinaria contra esta opción. Los de Oriol Junqueras consideran que alguna vía se ha de ofrecer al independentismo, en paralelo a la gestión del día a día de las instituciones. Ahora bien, la propuesta que se tiene que dar al independentismo, defienden, requiere de realismo e ir paso a paso, sin poner fechas concretas ni hacer promesas y declaraciones "mágicas" que creen que no se cumplirán. Ahora bien, la negociación con el Estado va más lenta de lo que querrían y así lo han reconocido los republicanos en público y en privado, si bien siguen reivindicando lo que consideran "la primera victoria": el hecho de que la existencia de la mesa de diálogo ya suponga un reconocimiento del conflicto por parte del otro lado. A partir de aquí, dialogar como "pide la comunidad internacional", y de este diálogo tendría que salir la amnistía y la autodeterminación, lo que quiere decir una nueva fecha para el referéndum. Una fecha nada clara y es que a principios de curso, cuando la CUP propuso en el debate de política general fijar un plazo para la votación, ERC y Junts no dieron apoyo.
¿Calendario acordado?
ERC tiene claro que esta es la vía. Así lo ha escenificado de nuevo esta semana con la reunión entre los dos altos cargos del gobierno catalán y español, si bien es cierto que los republicanos no están pudiendo cumplir con lo que se comprometieron durante la Conferencia Nacional: "Metodología clara, un calendario acordado de reuniones que se pueda cumplir, y el retorno pertinente a la ciudadanía". Después de la reunión entre Bolaños y Vilagrà, la consellera de Presidencia aseguró que habían acordado una reunión entre Pere Aragonès y Pedro Sánchez "antes de vacaciones" y explicó que las negociaciones con el estado serían para trabajar en una "agenda anti-represiva". Pocas horas después el ministro de la Presidencia rebajó las expectativas de la reunión que mantuvieron con la consellera, y afirmó que no sabe a qué se refiere Vilagrà cuando habla de agenda anti-represiva. "La posición del gobierno de Catalunya es mejor que la explique la misma consellera o el presidente", soltó Bolaños, porque "lo que hemos hablado es de seguir avanzando en el diálogo" y del hecho de que "tenemos en frente el reto mayúsculo de intentar unir los afectos, el diálogo y familias que no podían hablar de política en la mesa en Catalunya". Así, Bolaños aseguró que la reunión sirvió para reanudar las relaciones y afirmó que ahora los dos gobiernos están mejor que hace una semana".
Una vez más, se hacen públicas las discrepancias sobre las cuales significa el diálogo entre ERC y el estado español, y también con sus socios de gobierno. ERC, sin embargo, tiene bien claro que toca forzar la estrategia aunque sea "la posición más difícil". "El Gobierno querría ahorrarse esta mesa. Lo último que nosotros tendríamos que hacer es ahorrarle la mesa de negociación, que le incomoda," reivindicó el miércoles Junqueras, que se mostró convencido que podrá convencer al estado español: "Estamos tan convencidos de la bondad de nuestras ideas y de la razonabilidad en la defensa de estas, que estamos convencidos de que convenceremos a los otros, y no hay ningún riesgo de que nadie nos convenza a nosotros de aquello de que no queremos hacer".
¿Pero si las discrepancias son tan evidentes entre ERC y Junts, tiene futuro este Govern que cae en el reproche una vez al mes? La clave| está en la auditoría que los de Jordi Turull y Laura Borràs harán sobre el primer año del ejecutivo catalán, y es que esta polémica llega en pleno debate precongresual del partido, polarizado por la ponencia política que apunta la posibilidad de que, una vez auditados los resultados del acuerdo de Govern, se plantee a las bases una consulta sobre continuar o no al ejecutivo. La opción contraria al actual acuerdo con ERC, que defiende el sector que lidera la presidenta del partido, Laura Borràs, levanta reticencias en el entorno del actual secretario general, Jordi Turull, pero también en el sector más próximo a su predecesor, Jordi Sànchez. Estos dirigentes defienden la necesidad de ser decisivos en las políticas que adopta el Govern y el riesgo de quedar políticamente arrinconados en caso de marcharse del ejecutivo.