El Consell per la República se ha movilizado para dar apoyo al sistema educativo catalán en reacción a la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que ha ordenado a Educación que ejecute la sentencia del 25% del castellano. El Consell ha pedido a los centros educativos que defiendan la "vehicularidad única del catalán", desobedeciendo de esta manera la orden del TSJC. El Consell per la República "facilitará el apoyo jurídico necesario" en todos aquellos centros y profesionales que opten por no acatar la sentencia. Ante esta situación de conflicto entre los tribunales y las escuelas, el Consell considera que "hay que asegurar la defensa de nuestros derechos políticos y lingüísticos con una estrategia de cobertura legal, administrativa y política de la vehicularidad única del catalán." En este sentido, el Consell asegura que "cualquier cesión que modifique el régimen de inmersión lingüística introduciendo el castellano como lengua vehicular comportará el retroceso del uso social del catalán, que es el objetivo persistente de las sentencias españolas." Sin embargo, también ha vuelto a insistir que "la única manera de poder garantizar la pervivencia de nuestra lengua es alcanzar la República catalana independiente".
Ha estado muy claro con respecto a aceptar modificaciones del sistema de educación catalán. El Consell no acepta ningún tipo de "cesión" que modifique el régimen de inmersión lingüística introduciendo el castellano como lengua vehicular, ya que "comportará el retroceso del uso social del catalán, que es el objetivo persistente de las sentencias españolas".
Comunicado completo:
Ante la noticia que el TSJC requiere el Departamento de Educación para que ejecute de manera inmediata la sentencia del 25% del castellano, que constituye una gravísima injerencia del Estado español y sus tribunales al sistema educativo de Catalunya, de lo que la Generalitat de Catalunya tiene llenas competencias, el Consell per la República quiere manifestar:
• La defensa política y jurídica del catalán (occitano en el Arán) como lengua vehicular de nuestro sistema educativo es un pilar irrenunciable de nuestro país. La escuela catalana ha contribuido decisivamente al hecho de que el catalán sea una lengua de cohesión social y nacional.
• Cualquier cesión que modifique el régimen de inmersión lingüística introduciendo el castellano como lengua vehicular comportará el retroceso del uso social del catalán, que es el objetivo persistente de las sentencias españolas.
• Ante esta situación, el Consell per la República considera que hay que asegurar la defensa de nuestros derechos políticos y lingüísticos con una estrategia de cobertura legal, administrativa y política de la vehicularitat única del catalán.
• Esta defensa de la vehicularitat única del catalán puede tener una concreción decisiva en las acciones encaminadas a no acatar la sentencia del 25% del catalán que eventualmente puedan emprender los Centros Educativos, sus Consejos Escolares y sus docentes. El Consell facilitará el apoyo jurídico necesario a todos aquellos Centros y profesionales que opten, desde su plena libertad de conciencia, por esta vía.
• Constatamos, con más convicción que nunca, que la única manera de proteger y garantizar la pervivencia de nuestra lengua es alcanzar la República catalana independiente.
El TSJC da la orden de acatar la sentencia
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha emitido hoy un auto en el cual requiere al Departamento de Educación que "cumpla de forma inmediata" la sentencia del 25% del castellano en todos los centros educativos de Catalunya, que dictó la misma sección 5.ª de la sala contencioso administrativo del TSJC. Esta decisión es consecuencia de la legitimación, en opinión del tribunal, de la asociación Asamblea Escuela Bilingüe que solicitó la ejecución forzosa. No obstante, dos de los cinco magistrados del tribunal han expresado, en un voto particular, que no se tenía que haber aceptado la entidad como parte. El tribunal ha desestimado la solicitud de ejecución forzosa del partido ultra VOX y de algunos diputados del Parlamento por falta de legitimidad. Se da la circunstancia que la Abogacía del Estado había pedido al tribunal que antes de ejecutar, evaluara si la Generalitat con las dos reformas anunciadas daba cumplimiento a la resolución del 2020 y ratificada por el Supremo el 20 de enero pasado.