El ministerio de Hacienda ha comunicado formalmente al Govern la retirada de la supervisión económica y financiera extraordinaria que el Estado aplicaba a Catalunya desde diciembre del año 2015. La comunicación se ha producido ahora aunque formalmente el 155 se retiró después de las elecciones catalanas de diciembre de 2017. La supervisión de las cuentas catalanas había empezado dos años antes, en época del gobierno de Mariano Rajoy, y se ha mantenido hasta ahora en el ejecutivo de Pedro Sánchez.

La comisión delegada del gobierno para asuntos económicos (CDGAE), dependiente del ministerio de Maria Jesús Montero, ha informado de la decisión, que implica que ya no se tendrán que hacer certificados de gasto ni ofrecer información adicional sobre la contabilidad de la Generalitat y de su sector público.

Para el Govern, este control era "discriminatorio e injustificado", ya que el ejecutivo ha hecho "una gestión esmerada, eficaz y eficiente de las finanzas públicas", según la conselleria de Economía. "La supervisión específica para Catalunya no se sustenta en ningún argumento técnico o económico", ha dicho el ejecutivo catalán.

La retirada de la supervisión forma parte del acuerdo de ERC con el Govern para aprobar los presupuestos de 2021.

El control se puso en marcha para evitar que hubiera gastos destinados al referéndum del 1-O y a la independencia de Catalunya. A pesar del cambio de gobierno en Madrid, el nuevo ejecutivo de socialistas y Podemos mantuvo la misma política.

El ejecutivo de Mariano Rajoy aumentó el control sobre las actuaciones del Govern de Carles Puigdemont en los prolegómenos del referéndum, y obligó a la Generalitat a informar semanalmente sobre los expedientes iniciados o tramitados, de pagos de actividades vinculadas al 1-O.

El entonces ministro de Educación y portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, explicó que en el caso de que la administración catalana no diera información cada semana sobre las partidas de gasto, podrían dejar de recibir el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Cuando Pedro Sánchez accedió a la presidencia del Gobierno español, en el Govern pensaban que retiraría todas las medidas represivas de la etapa del PP, pero ese no fue el caso del control de los gastos.