El futuro del Ebro está condicionado por el Plan Hidrológico que el Gobierno español ha aprobado recientemente. El plan cuenta con la oposición del Govern (presentará un recurso contencioso administrativo) y de la Plataforma en defensa de l'Ebre, que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo y también lo denunciará ante la Comisión Europea.
Esta semana, el líder del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, se reunió en Madrid con la ministra de Agricultura en funciones, Isabel García Tejerina. Albiol salió de la reunión con el compromiso del ministerio de interceder en Europa para conseguir que las voces de los defensores del nuevo Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro “también puedan escucharse a pesar de la politización” que, según Albiol, rodea este debate.
Albiol quiere que el Ejecutivo español, que está en funciones, interceda y evite la paralización de un plan que considera "totalmente necesario" no sólo para Catalunya sino también para el conjunto de comunidades autónomas por las que transcurre el río. Según el líder del PP en Catalunya, la Generalitat actúa de forma “desleal y en contra de los intereses generalizados de los usuarios del río”.
El territorio rebelado
La sensación en las Terres de l'Ebre es que el Gobierno español pasa por alto sus intereses. El nuevo plan contempla una previsión de agua para proveer 465.000 hectáreas más de regadío en el periodo 2016-2021, que se añadirán a las 950.000 previstas en el anterior plan y a la construcción de 56 nuevos embalses. Según la Plataforma en defensa de l'Ebre (PDE), eso implicaría tener un caudal ecológico “inexistente” en el tramo final del río.
Por todo ello, los opositores al plan creen que todavía es más pernicioso que el Plan Hidrológico Nacional (PHN) del expresidente José María Aznar del año 2000. Entonces la protesta se extendió por todo el país con miles de camisetas azules bajo el lema "Lo riu és vida". Dieciséis años después, las camisetas azules vuelven a tener sentido. El pasado 7 de febrero una manifestación multitudinaria se convirtió en la mejor fotografía de un país movilizado. El nuevo proyecto, a diferencia del de Aznar, no prevé la construcción de una "autopista de agua que conecte con València y Murcia", sino que altera el curso del río desde la cuenca alta.
La esperanza entre los opositores es que Bruselas lo tumbe. Entre otras cosas, porque las directrices comunitarias para este tipo de infraestructuras ya advierten sobre la inconveniencia de construir embalses si no son imprescindibles. También es especialmente protectora con los proyectos que afectan a espacios naturales protegidos como el delta de l'Ebre.
Diálogo de sordos
En el actual contexto político la tensión entre Catalunya y Madrid se ha traducido en un diálogo inexistente y de sordos. Y esta tensión se escenifica en los encuentros técnicos, poco expuestos a los medios, pero donde la maquinaria del Estado y la Generalitat se las tienen. El exconseller de Territori Santi Vila denunció en su momento la falta de sensibilidad de Madrid con las demandas catalanas. El Ebro es sólo un ejemplo de cómo las malas relaciones entre el gobierno central y la Generalitat acaban perjudicando los intereses de terceros.