El abogado Gonzalo Boye ha planteado varias dudas sobre la actuación del rey Felipe VI durante los días posteriores al referéndum del 1-O. La primera duda que plantea Boye es si el artículo 62 de la Constitución española, donde se detallan las funciones del Rey, es un catálogo cerrado, ya que el abogado cree que presionar empresas para que abandonen Catalunya, tal como se describe a la noticia del diario Ara, no se encuentra en este artículo concreto de la Carta Magna española.

El artículo 62, sin embargo, no es el único que ha cuestionado Boye en relación a las actuaciones del Rey después del referéndum del 1-O. El abogado también ha planteado si en el articulo 56, donde se explicita que el monarca español tiene que "arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones", Felipe VI lo tiene que hacer desde una posición de "neutralidad política" o si se puede guiar por su propia ideología.

Las dudas de Boye sobre el artículo 56 no acaban aquí, sino que también se pregunta si la inviolabilidad del rey significa que los actos de lo mismo no pueden ser ni siquiera investigados o si no pueden ser penalizados. Además, este mismo artículo también explicita que los actos del Rey siempre tienen que ser aprobados el presidente del gobierno español, en aquellas fechas Mariano Rajoy, o por los ministros competentes. En este punto Boye se pregunta quién fue el que aprobó que Felipe VI llamara a varias empresas catalanas para cambiar su sede social fuera de Catalunya.