Una pesadilla acabada. Dos de los tres jóvenes, que pasaron un mes en prisión preventiva por manifestarse contra la sentencia de los presos políticos, el 15 de octubre de 2019, han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y aceptan un castigo que no les implica volver a pisar un centro penitenciario. El acuerdo se ha verbalizado este miércoles, en la sección 22 de la Audiencia de Barcelona. En concreto, Joan, a quién la Fiscalía le pedía 7 años y 9 meses de prisión por los delitos de atentado contra la autoridad y de desórdenes, ha aceptado una condena de 2 años y 4 meses, y como ninguno de los dos delitos, por separado, supera los 2 años, evita la prisión. Marc, que se enfrentaba a 2 años y 4 meses de prisión y que pidió participar con un proceso de Justicia Restaurativa con dos agentes de los Mossos -a quienes está indemnizando con 10.000 euros-, ha aceptado 9 meses de prisión. Por su parte, Dren, a quien la Fiscalía pide 4 años y 9 meses de prisión, no ha aceptado un acuerdo, y el juicio seguirá el jueves solo para él.
En el inicio del juicio, el presidente del tribunal, el magistrado Juli Solaz, ha reclamado al abogado de la Generalitat que indicara a qué agentes de los Mossos representa porque "ni la sala ni la ley permiten las acusaciones anónimas". Se ha hecho una pausa para que aclarara, y al final, el tribunal ha resuelto que se retiraba la acusación particular de la Generalitat, y se le ha dejado continuar en el juicio por la responsabilidad civil que se reclama para los agentes que sufrieron lesiones. Solaz ha reñido al abogado, por no haber hecho correctamente su personación, e incluso ha asegurado que el juez de instrucción se lo tendría que haber exigido, al enviar el caso a juicio. Un hecho excepcional.
La protesta en la Delegación del Gobierno
"Sí lo acepto." Han admitido Joan y Marc ante el tribunal de la sección 22 de la Audiencia de Barcelona para ratificar el acuerdo con el representante del ministerio fiscal. Eso implica que aceptan judicialmente el relato de los hechos de la Fiscalía, aunque en el fondo no lo comparten. Joan, Marc y Dren son los primeros jóvenes de la veintena de personas que estuvieron en prisión preventiva por las movilizaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo a los presos políticos, y los familiares lo vivieron como un escarmiento porque los detuvieron al día siguiente de la gran movilización en el aeropuerto de Barcelona, convocada por Tsunami Democràtic.
Así, según la versión de la Fiscalía, los tres jóvenes, que no se conocían entre ellos, participaron en la convocatoria de la protesta delante de la sede de la Delegación del Gobierno, en la calle Mallorca de Barcelona, la tarde del 15 de octubre de 2019, donde algunos de los manifestantes tiraron piedras, botellas de vidrio y vallas contra los agentes. Y el fiscal sostiene que Joan y Marc tiraron objetos y que después, al ser detenidos, se resistieron y causaron lesiones leves a agentes.
Por eso, Joan ha aceptado 12 meses de prisión por un delito de desórdenes públicos y 16 meses de prisión por un delito de atentado contra la autoridad e indemnizar a un agente de los Mossos con 600 euros. Por su parte, Marc asume un total de 9 meses de prisión y una elevada indemnización porque uno de los dos agentes tuvo que ser operado.
Una condena por Tsunami
No es la primera vez que jóvenes manifestantes con elevadas peticiones de prisión aceptan un pacto con la Fiscalía al llegar a juicio. El noviembre pasado, Eduard, un joven de Lleida y estudiante de Ingeniería Química en Barcelona, se enfrentaba a 9 años de prisión y al final aceptó una condena 3 años y 4 meses por haber participado en la protesta de Tsunami Democràtic en el aeropuerto del Prat, el 14 de octubre de 2019. Y se pidió la suspensión de su entrada en la prisión porque los dos delitos individualmente no superan los 2 años, que es el mínimo para entrar.