"Será muy duro y difícil, pero pararemos al virus. Haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta". Son las palabras que pronunció Pedro Sánchez hoy hace justamente dos meses y un día, cuando con ademán grave y solemne anunció a los españoles la implantación del estado de alarma a partir de la medianoche del 14 de marzo. En principio tenía que ser por quince días. Entonces había en España 120 fallecidos por coronavirus y 4.200 contagios. Sesenta días después, el Estado supera las 27.000 defunciones y se han detectado ya más de 271.000 positivos. El estado de alarma ha encadenado ya cuatro prórrogas y está pendiente de una quinta. En el horizonte, la incertidumbre de una nueva normalidad de libertades restringidas y una crisis económica que, según todos los analistas, será más dura que la de 2008.

La pandemia que ha sacudido el mundo entero empezó a invadir España con el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia recién nacido. Hacía nada más dos meses que el gobierno Sánchez-Iglesias, PSOE-Podemos, había tomado posesión, gracias al apoyo imprescindible del independentismo de ERC y con la reanudación del diálogo con Catalunya como principal reto de la legislatura. Un hito que ha quedado enterrado bajo las víctimas de la Covid-19.

El país europeo más castigado, junto a Italia

España es, junto con Italia, el país más castigado de Europa. Según los datos oficiales del ministerio de Sanidad, el coronavirus se ha llevado ya 27.104 vidas, ha infectado a 271.095 personas y ha dejado sin trabajo a más de 4 millones de trabajadores. El sistema sanitario ha quedado al límite del colapso, que se ha salvado gracias al trabajo ingente de los profesionales en primera línea, que acumulan dos meses de horas extra de lucha en la trinchera, a menudo sin el material imprescindible para librar la batalla y experimentando los efectos de políticas de austeridad del pasado. Más de 49.000 profesionales sanitarios se han infectado haciendo su trabajo en España, el país que lidera los contagios entre el personal de los hospitales y centros de salud.

A lo largo de estas nueve semanas de estado de alarma, el gobierno de Pedro Sánchez ha protagonizado más de un patinazo. Desde la compra de tests fallidos a un proveedor chino sin licencia a la primera propuesta de desconfinamiento de niños, según la cual el permiso de salida para los menores de 14 años iba a ser para acompañar a los adultos a hacer la compra al supermercado o ir al banco.

Economía en la UCI

Aparejada a la emergencia sanitaria está la crisis económica que se deriva. El cierre obligado del comercio, el hostelería y las fronteras ha desencadenado una avalancha de ERTES que afectan, de momento, a más de 4 millones de españoles. El gobierno del Estado calcula que ha invertido ya 139.000 millones de euros para intentar minimizar la crisis social que vendrá. La previsión del Banco de España es que este 2020 el PIB del país caerá entre el 6,6% y el 13% y el paro crecerá hasta el 21,7%. En Moncloa son algo menos pesimistas pero trabajan con unas proyecciones similares, caída del 9,2% del PIB y paro del 19%.

Más allá de las víctimas directas, la Covid-19 ha arrasado también con las libertades que conocía la ciudadanía en occidente. El estado del bienestar ha pasado a mejor vida para ver nacer una nueva normalidad que todavía es un misterio. Desde hace dos semanas, España se ha adentrado en el proceso de desescalada del confinamiento forzoso de la población. Por fases, gradual, para evitar rebrotes. Poco a poco la curva que indica la evolución del virus ha encauzado un descenso, consecuencia de las medidas estrictas de aislamiento social. Ahora llega el momento más complicado, salir de la hibernación. Que el país recupere la movilidad y la actividad económica sin volver a la situación de emergencia sanitaria de hace unas semanas. 

Sánchez contra las cuerdas

El Plan de Desescalada que ha trazado el ejecutivo de Pedro Sánchez avista haber alcanzado una normalidad relativa a finales de junio. Para controlar el proceso, que se ha dibujado en cuatro fases, el líder del PSOE quiere seguir teniendo el mando único. Para ello necesita sí o sí volver a prorrogar el estado de alarma. De momento ya lleva cuatro prórrogas y a cada votación en el Congreso ha perdido respaldo. Si al principio contaba con el apoyo del PP y ERC, la última la salvó in extremis y por la mínima gracias a un giro de Ciudadanos, que vio la oportunidad para volver a reivindicarse como un partido de estado útil en los momentos clave.

La nueva propuesta del presidente es prorrogar un mes más el estado de alarma, pero con la promesa de modificaciones sustanciales. El mando único ha provocado mucha tensión con varios gobiernos autonómicos, Catalunya pero no sólo. Además de Torra, son muchos los presidentes que -como Ximo Puig, Íñigo Urkullu o Núñez Feijoo- exigen que se los vayan devolviendo las competencias recentralizadas desde hace dos meses.

El artículo 116.2 de la Constitución es el que habilita al gobierno de España a aplicar esta medida drástica por un plazo prorrogable de 15 días siempre que se cuente con la autorización del Congreso. El único precedente de implantación de estado de alarma en España es cuando en diciembre de 2010 Zapatero lo decretó a raíz del cierre del espacio aéreo provocado por la huelga de controladores. Entonces duró 15 días.