"Hemos defendido el derecho a la vivienda y hemos aplicado la ley", han afirmado la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucia Martín, y el concejal del distrito de Sants Montjuïc, Marc Serra, este viernes al salir de declarar como investigados de los delitos de coacciones y prevaricación contra en el fondo inmobiliario Vauras Investments, junto con la responsable municipal del departamento de Disciplina de Vivienda e Inspección. Los dos concejales han negado ante la titular del juzgado de instrucción 18 de Barcelona que coaccionaran a los abogados de Vauras en las dos reuniones que tuvieron en el 2019 y en el 2020 para que cedieran vivienda social a seis familias que ocupaban el llamado Bloc Llavors, de la calle Lleida, que la inmobiliaria compró. La alcaldesa Ada Colau tendrá que declarar como investigada por estos mismos hechos el lunes próximo, ante la magistrada Carmen García Martínez.

Los concejales, acompañados de sus abogados Olga Tubau y Àlex Solà (y la funcionaria con la abogada Debora Quintero), también han aclarado que no firmaron ninguno de la media docena de expedientes de licencias de obras, que la inmobiliaria asegura que el Ayuntamiento de Barcelona les tenían paralizados porque no ofrecían alquiler social a familias vulnerables. Las licencias de obras pertenecen a otro departamento, en el cual no tienen competencias los dos concejales ni la funcionaría investigados. No influyeron ni de forma directa ni indirecta por supuestamente retrasar las licencias, como asegura la inmobiliaria, han aclarado sus defensas. Tampoco se ha detectado ninguna irregularidad en los expedientes.

 Ofrecieron 4 millones

Se da la circunstancia que los dos abogados de Vauras que presentaron la querella son los mismos que estuvieron presentes en las dos reuniones en que aseguran que recibieron coacciones de Martín, Serra y la funcionaría. Según la defensa de los políticos, la primera reunión del 31 de octubre de 2019, Serra les pidió una reunión para resolver el caso del Bloc Llavors, ya que había personas con contratos de alquiler antiguo, y desde la inmobiliaria -según la defensa- les contestó que no hacían alquileres, sino la venta de pisos. Fuentes municipales aseguran que desde la sociedad se ofreció unos 4 millones de euros para el fondo social, aunque no se llegó a ningún acuerdo.

Con respecto a la segunda reunión, el 5 de febrero de 2020, los concejales expusieron a los responsables de la inmobiliaria, que la ley catalana 17/19, de medidas de emergencia de la vivienda, había entrado en vigor y tenían la obligación de ofrecer pisos sociales. Desde la sociedad expusieron a los regidores que tenían licencias de obras encalladas y les pidieron que las agilizaran, sin lograrlo, según fuentes jurídicas. Al final, el consistorio multó Vauras con 417.000 euros por no haber ofrecido alquiler social a inquilinos del llamado Bloc Llavors. Un juez, pero ordenó la retirada de la sanción administrativa a la inmobiliaria Vauras Investment, al asegurar que la ley de catalana, de medidas de emergencia de la vivienda, ya estaba suspendida por el Tribunal Constitucional.

Un delegado para "la imparcialidad"

En la declaración de este viernes, una abogada de Vauras ha pedido la presencia de un delegado del Colegio de la Abogacía de Barcelona "para garantizar la imparcialidad" del procedimiento, un hecho extraordinario porque no ha habido ningún incidente en el juzgado, y la magistrada ya le ha asegurado que se lo garantizaba ella, y al final la abogada de Vauras ha renunciado al delegado del Icab.

Al salir de la declaración, el concejal Marc Serra ha asegurado que Vauras "es un fondo buitre" y que "han desmontado su querella", además "de identificar su patrón de actuación".