La Fiscalía de Schleswig-Holstein ha admitido a trámite la petición de extradición del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por los delitos de rebelión y malversación, y pide el mantenimiento en la prisión hasta que no se resuelva la situación, según ha informado a través del siguiente comunicado:

 

Traducción al castellano:

El Fiscal General solicita orden de extradición contra Carles Puigdemont

SCHLESWIG. El Fiscal General del Estado de Schleswig-Holstein, según el artículo 15 IRG (Ley de Asistencia Judicial Mutua Internacional en Materia Penal), solicita una orden de extradición contra el ex presidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont al Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein en Schleswig.

Después de un intenso examen de la orden de detención europea del Tribunal Supremo de Madrid de 23 de marzo del 2018, el Fiscal General ha llegado a la conclusión de hacer una solicitud de extradición, con la debida ejecución de la solicitud de extradición.

El procedimiento de extradición era de esperar y el motivo de la detención de Puigdemont es el riesgo de huida.

Con la orden de detención europea, las autoridades españolas solicitan la extradición de los condenados por dos delitos. Los hechos de la rebelión de conformidad con el artículo 472, apartados 5 y 7, y la malversación de fondos públicos de conformidad con el artículo 472, apartados 5 y 7. 432, 252 del Código Penal español.

La acusación de rebelión contiene esencialmente la acusación de llevar a cabo un proceso de inconstitucionalidad, aparte de los disturbios violentos previstos. Se encuentra un equivalente comparable en el derecho penal alemán en los artículos 81, 82 del Código Penal (alta traición). Una redacción idéntica en alemán y español no es necesaria.

En la medida en que el perseguido [Puigdemont] sea responsable de malversación de fondos públicos y -según el criterio de las autoridades españolas -acusado de corrupción, eso incluye acusaciones del uso de fondos públicos para la celebración de un referéndum inconstitucional, que es punible conforme al artículo 266 del Código Penal alemán (malversación de fondos).

Las autoridades españolas acusan al Sr. Puigdemont el 28 de septiembre de 2017 de decidir con consellers de la Generalitat de Catalunya, como presidente de la Generalitat de Catalunya, un referéndum sobre la cuestión de la independencia de Catalunya todo y que que el Tribunal Constitucional español ya había dictado sentencia antes. Se había establecido en principio que no era compatible con la Constitución española.

Las fuerzas policiales señalaron que en vista de los violentos enfrentamientos que ya habían tenido lugar entre ciudadanos y la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017, había que esperar una escalada de violencia para el día del referéndum (1 de octubre de 2017). No obstante, el gobierno autonómico de Catalunya -incluidos los perseguidos como su presidente - decidió celebrar el referéndum, y se obligó a la Policía Autonómica a velar para que los que estaban a favor del proceso de escisión
pudieran participar en las elecciones.

Responsables de las autoridades españolas de la elaboración y aplicación del informe dicen que los costes del referéndum considerado inconstitucional por el Tribunal Constitucional llegan a 1.602.001,57 euros. Entre otras cosas, el dinero se destinó a campañas publicitarias, así como la impresión de boletos y listas electorales.

Hay una razón para la detención por el riesgo de huida.
Las medidas menos drásticas que la ejecución de la custodia ante la extradición no ofrecen ninguna ventaja.

El Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein es ahora el responsable de la petición de extradición.

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