La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha obligado a la diputada de ERC Marta Rosique a retirar unas acusaciones formuladas desde la tribuna contra el PP, al cual ha reprobado, según sus palabras, para "asesinar impunemente" A 15 inmigrantes subsaharianos que murieron ahogados en el 2014 en la playa del Tarajal, en Ceuta.

Rosique fijaba la posición de su grupo ante una moción de PP sobre la polémica encontrada entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, cuando ha cargado contra los populares por su "obsesión enfermiza" con Venezuela.

Entonces les ha recriminado que se atrevan "a hablar de derechos humanos" y ha manifestado: "Ustedes, Ustedes, los que asesinaron a 15 personas en el Tarajal, Ustedes, los que desplegaron 6.000 policías nacionales y guardias civiles...".

Inmediatamente, sus palabras han provocado una bronca en los escaños por las protestas de los diputados del grupo popular.

Intervención de Meritxell Batet

Ante el revuelo generado, entre aplausos de sus compañeros y las airadas voces de los diputados del PP, ha intervenido la presidenta de la cámara, Meritxell Batet, que ha pedido "por favor" a la diputada catalana que retirara del Diario de Sesiones "la expresión acusatoria explícita de asesinar a alguien".

En un primer momento, Rosique ha intentado continuar con su discurso no atendiendo el requerimiento, pero cuando la presidenta lo ha conminado por segunda vez a retirar sus palabras, ella ha accedido y ha manifestado: "Lo retiro".

Batet le ha dado entonces las gracias y le ha pedido que continuara mientras pedía silencio ante el revuelo que persistía en el hemiciclo.

La diputada de ERC ha proseguido reclamando explicaciones "a aquellos que hablan de derechos humanos y en cambio envían 6.000 policías y guardias civiles a apalear personas que el 1 de octubre ...".

15 muertos en Tarajal

Los hechos que lo han llevado a acusar el PP de "asesinar a 15 personas" en la playa del Tarajal ocurrieron, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, el 6 de febrero de 2014, cuando 15 subsaharianos murieron ahogados al intentar llegar a la costa de Ceuta.

La causa abierta por un juzgado de Ceuta fue archivada en dos ocasiones para considerar que "no podía atribuirse a la Guardia Civil ningún delito con respecto a su actuación para evitar la entrada en España de los inmigrantes, ni siquiera a título de imprudencia."