El coordinador de Ciudadanos en Soria, Rubén Morales, se ha visto obligado a dimitir de su cargo después de haber sido pillado en una fiesta ilegal que no cumplía con las medidas sanitarias contra la Covid-19. No ha durado ni un mes en el cargo.

Morales no sólo participó en la mencionada fiesta, sino que era el anfitrión en un hotel que él mismo regenta en Medinaceli. De hecho, era una fiesta en la cual se celebraba la reapertura del establecimiento. Al acontecimiento acudieron los socios, amigos, familiares y una 'celebrity' como Leticia Sabater.

Desde el partido se han querido mostrar firmes. "Ciudadanos rechaza cualquier incumplimiento de las normas de seguridad sanitaria y acepta la dimisión del coordinador de la Agrupación Local de Soria, Rubén Morales, después de hacerse público que participó en una fiesta ilegal en un restaurante de su propiedad el pasado 27 de marzo y que ha llevado a la abertura de una investigación por parte de la Guardia Civil".

A través de un comunicado, "la formación naranja recuerda que estas limitaciones (higiene de manos, distancia de seguridad, uso de máscaras o la limitación de aforos) tienen por objetivo contener la dispersión de la pandemia y son de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos, sin excepción. Los cargos políticos – ya sean público u orgánicos o de una u otra formación – tienen además la responsabilidad de ser ejemplares", recalca.

Los golpes recibidos

La dimisión de Morales supone un golpe más para el partido, que ve como su liderazgo interno en la región vuelve a quedar en entredicho. "Ciuadanos mantendrá su actividad política y social en la ciudad de Soria a través de su Comité Provincial y de sus cargos institucionales", ha recalcado el partido.

Este no es el primer revés para la formación con respecto a irregularidades. Ahora hace unas semanas el partido resolvió expulsar al presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, por incumplir las directrices de la formación y por haber ocultado su condición de imputado en un procedimiento penal "de extraordinaria gravedad" que afecta a su condición de representante institucional en el ejercicio de su cargo. Además, todo esto pasa cuando el partido que lidera Inés Arrimadas se encuentra más débil que nunca y con serios riesgos de ser absorbido por el PP.