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La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha apostado este jueves por la creación de un impuesto extraordinario a las empresas eléctricas, tal como propone Unidas Podemos, para obtener ingresos que permitan compensar a los consumidores que afrontan un incremento del precio de la energía. Díaz ha recordado que las grandes empresas energéticas obtuvieron beneficios extraordinarios de millones de euros el año pasado. Ha puesto en duda que la respuesta del ejecutivo al incremento de precios sea una rebaja generalizada de los impuestos porque eso, ha recordado, dejaría sin ingresos al ejecutivo para financiar los servicios públicos. Por otra parte, ha defendido la necesidad de congelar los precios de los alquileres ante la escalada del IPC.

Guerra de Ucrania

En una entrevista este jueves en RNE, Díaz ha recordado que la guerra de Ucrania es de "largo recorrido" y "es probable que el impacto sea significativo" sobre la economía española. Aunque ha apuntado que todavía no hay datos sobre la afectación al mercado laboral, "ya estamos observando cómo hay sectores donde no hay suministro y el impacto de los precios de la energía" para el funcionamiento de la industria. La subida de los precios de la energía y la inflación contagia a toda la economía. "Se están paralizando sectores porque los precios son imposibles, y hay que actuar para la rebaja inmediata de los precios de la energía", ha afirmado. "Estamos en un escenario excepcional" porque esto no es la crisis de la pandemia", ha admitido, y "la preocupación es máxima". "Vamos a un escenario de unas consecuencias económicas y sociales profundas y el escenario es nuevo".

Por otra parte, Díaz ha advertido que una rebaja generalizada de los impuestos como la que propugna del PP es "inadecuada", porque "en un contexto de guerra y de crisis económica" dejaría el sistema sin ingresos para financiar "los servicios públicos que más necesitemos". "El PP siempre da la misma receta para cualquier situación: bajada generalizada de los impuestos. Yo ayer estuve reunida con 60 economistas y el consenso es que una bajada generalizada de impuestos en un contexto de guerra no es adecuada porque los servicios públicos se sostienen con ingresos públicos", ha subrayado. En este sentido, ha reclamado a los populares que pongan la mirada en los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que cotizan a la bolsa, que el año pasado obtuvieron beneficios de 64.000 millones de euros que ahora hay "que "redistribuir". "En este contexto de crisis tienen que redistribuirse estos beneficios", ha defendido la vicepresidenta segunda. Por este motivo, ha apostado para que el decreto que el Consejo de Ministros aprobará el 29 de marzo prospere después en el Congreso con los votos de las formaciones que conforman el bloque de la investidura.

Tope de 180 euros por MWh

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha apuntado este jueves que el Estado planteará en el Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo recuperar el tope máximo del precio de la electricidad de 180 euros por MWh en el mercado mayorista, hecho que supondría una rebaja muy significativa del precio que pagan los consumidores. En todo caso, la ministra ya ha adelantado que si la propuesta del Estado no recibe el aval del Consejo Europeo, es su "obligación" hacerlo igualmente porque "ha pasado demasiado tiempo y se va demasiado lento". "Si hace dos años 180 euros nos parecía una locura que nunca llegaría y hoy está ampliamente superada, es poco discutible que tiene que ser el tope máximo que podemos aceptar en nuestro mercado", ha dicho en una entrevista este jueves en Onda Cero. Ribera ha hecho referencia a esta vía como una de las posibilidades para conseguir reducir el precio de la energía que pagan los consumidores, la industria. Además, ha asegurado que su ejecutivo está haciendo uno "análisis jurídico" del tratado de la UE sobre el mercado eléctrico que incluye "una cláusula de salida por emergencia energética". Según la ministra, los precios actuales "no son normales" y están generando "una distorsión muy importante al conjunto de la economía que no tienen que soportar ni los hogares ni la industria". Por lo tanto, según la ministra, hacen falta "medidas que aunque sean temporales" permitan reducir una escalada de precios que no se justifica por la demanda, ni la oferta, ni las tecnologías, ni los costes del gas.