Cuando se les pregunta a Pablo Casado y Albert Rivera qué les diferencia de un partido como Vox se lo piensan mucho. Pero finalmente llegan a un punto común: el PP y Ciudadanos, dicen ellos mismos, no están a favor de la supresión del Estado de las autonomías, como propone Santiago Abascal sin esconderse. A pesar de todo, a la hora de la verdad, con las propuestas de los dos sobre la mesa, las diferencias son más bien formales. Desmantelar las autonomías, pero por la puerta de atrás.
El mejor ejemplo de esto es la última propuesta de Casado: que la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía puedan dar órdenes a las policías autonómicas, como los Mossos d'Esquadra o el Eirtzantza. Un principio de subordinación que va en contra del mismo ordenamiento legal.
El Estatut del 2006, después de ser recortado, establece que los Mossos "tienen como ámbito de actuación el conjunto del territorio de Catalunya y ejercen todas las funciones propias de uno cosa de policía" en los ámbitos de seguridad ciudadana y orden público. Lo mismo pasa con la policía vasca. El Estatuto de Gernika define el Eirtzantza como una policía integral. Los estatutos son leyes orgánicas.
Casado también proponía estos mecanismos "de inspección o jerarquía" en otros ámbitos como la sanidad o la educación, unas competencias que están totalmente transferidas a las comunidades autónomas.
En la misma línea, de rebajar el poder de las autonomías, también va la última propuesta de Albert Rivera. En otra vertiente, la del poder de decisión en los asuntos del Estado. El líder de Cs ha prometido que, si llega a la Moncloa, aprobará una barrera del 3% para que en el Congreso sólo estén representados "los partidos que tienen votos en toda España", y por lo tanto expulsar a partidos como ERC, el PDeCAT, el PNV o Bildu. "Ya basta que el futuro de nuestro país lo decidan personajes como tú que sólo trabajan para destruirlo", le reprochaba a Arnaldo Otegi.
Esto no viene de nuevo. Durante los últimos meses, tanto Pablo Casado como Albert Rivera han prometido una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya tan sólo llegar a la Moncloa, sin límites de tiempo e interviniendo todo tipo de ámbitos, desde la educación y los medios públicos hasta las instituciones penitenciarias y las delegaciones en el exterior que tienen todas las comunidades.
El artículo 155, sin embargo, requiere en primer lugar que una comunidad autónoma "no cumpla las obligaciones que la Constitución y otras leyes le imponen", hecho que no se ha producido con el Govern Torra. El artículo 155 también establece que es para "adoptar las medidas necesarias para obligar esta al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones" y que el Gobierno "podrá dar instrucciones" para hacerlo. El Tribunal Constitucional aún tiene pendiente por resolver un recurso sobre la única vez que se ha aplicado el 155, que cesó a todo un Govern y disolvió todo un Parlament.