Los letrados tienen dudas sobre la viabilidad de la ponencia conjunta, básicamente porque esta fórmula tiene como punto de partida un amplio consenso entre los grupos parlamentarios. Y eso, no sucede ahora mismo con respecto a las tres leyes de la desconexión: la de seguridad social, hacienda propia y transitoriedad jurídica.

Por eso, los servicios jurídicos recomiendan no crear las ponencias conjuntas y tramitar estas leyes por otras vías legislativas. Los abogados argumentan que, para crear una ponencia conjunta siguiendo el artículo 126 del Reglamento del Parlamento, es recomendable que todos (o la mayoría) de los grupos parlamentarios estén de acuerdo. Además, estas leyes tampoco están relacionadas con el "desarrollo básico del Estatuto" al que hace referencia este mismo artículo, argumenta el informe jurídico. Estos dos motivos llevan a los letrados a recomendar otras vías de tramitación, aunque la última palabra la tendrá la Mesa del Parlamento en la reunión de la semana que viene. Hay que tener en cuenta que la mayoría de JxSí y la CUP podría decidir impulsar igualmente las ponencias, ya que el informe de los letrados no es vinculante.

Otras vías de tramitación

El servicios jurídicos recuerdan a los grupos independentistas que tienen otros instrumentos parlamentarios para desarrollar estas leyes. Por un lado, el Gobierno o los grupos parlamentarios que quieren impulsarlas podrían presentar directamente un proyecto o una proposición de ley, o bien que la comisión de estudio del proceso constituyente cree un grupo de trabajo específico sobre esta cuestión. En este último escenario, sin embargo, no se podrían tramitar formalmente las leyes porque no se trata de una comisión legislativa. Ahora bien, los grupos podrían debatir sobre la conveniencia o no de sacarlas adelante y sobre el contenido.