El CGPJ de Carlos Lesmes tiene el mandato caducado desde hace más de dos años. Por este motivo, y ante el bloqueo de su renovación por parte del PP, el Gobierno le paró los pies, con una reforma legislativa que ha impedido que continúe con las decenas de nombramientos de jueces que ha hecho mientras estaba en funciones. Pero la derecha judicial no se da por vencida. Así, el bloque conservador del órgano de gobierno de los jueces ha forzado que se debata, este mismo jueves, si hay que llevar la reforma de la LOPJ a Europa. Este nuevo movimiento llega después de que tres asociaciones judiciales dirigieran un escrito a la Comisión Europea avisando sobre una posible "violación grave del estado de derecho en España".
Así, según informa el mismo CGPJ, los vocales conservadores Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Carmen Llombart han conseguido la inclusión de un punto en el orden del día del pleno de esta semana: debatir la petición de colaboración a la Red Europea de Consejo de Justicia para que "examine y se pronuncie sobre la reforma", así como dirigirse también a la Comisión Europea para el informe sobre el estado de derecho 2021 y "el examen de los mecanismos de defensa de la independencia judicial ante la limitación de competencias atribuidas constitucionalmente al CGPJ".
¿Qué dice la reforma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos (ya en vigor)? Se centra sobre todo en los nombramientos. El texto aprobado por el Congreso y el Senado "limita las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente con miembros que han excedido el periodo constitucional del mandato" e impide que puedan proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional o de los presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo, así como magistrados del Tribunal Constitucional.
El pleno del CGPJ debatirá este jueves llevar la reforma a Europa con un informe encima de la mesa, el que solicitó para|por el mismo Carlos Lesmes al gabinete técnico. El documento concluye que, más allá la limitación de los nombramientos, el órgano de gobierno de los jueces tiene que seguir ejerciendo "todas aquellas funciones" que no se mencionan de forma expresa y que derivan de la Constitución, como "el amparo institucional, atribuciones indispensables para el gobierno y buen funcionamiento de juzgados y tribunales, atribuciones referidas a la garantizabas de independencia y al estatuto judicial y atribuciones indispensables para garantizar el normal funcionamiento del Consejo".
Las asociaciones judiciales, también en pie de guerra
Los movimientos se suceden. La semana pasada, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que representan más de 2.500 jueces españoles, remitieron un escrito a la vicepresidenta de la UE de Valores y Transparencia, Vêra Jourová, y al comisario europeo Didier Reynders. En el escrito denunciaban lo que consideran un "riesgo de violación grave" del estado de derecho en el Estado español por las últimas reformas legislativas que, según su opinión, afectan a la independencia judicial.