La eurodiputada alemana Cornelia Ernst ha criticado la gestión del Estado español del caso Pegasus. El informe de la eurodiputada de Die Linke, reconoce que como mínimo 63 personas fueron atacadas con el software Pegasus y añade: "Los ataques no se atribuyeron claramente a nadie, pero hay numerosos indicios que apuntan al Gobierno". Partiendo de esta base, el informe de Ernst prosigue afirmando: "Es evidente que el Estado español estaba llevando a cabo simultáneamente una nueva represión contra las personas y organizaciones preocupadas por el independentismo catalán. Las víctimas fueron perseguidas por motivos políticos. Por lo que se sabe".
Después de reconocer las motivaciones políticas detrás del espionaje de los independentistas catalanes y la más que probable autoría de las autoridades españolas, Ernst carga con fuerza contra la gestión que hizo La Moncloa del caso Pegasus una vez este se hizo público. Por ejemplo, en el informe se menciona la destitución de Paz Esteban, anterior directora del CNI, y se subraya que su partida no fue por el espionaje a los políticos catalanes, sino "por haber fracasado a la hora de prever el supuesto espionaje de los mismos servicios secretos contra tres miembros del Gobierno". De manera que lo que podría ser una reacción al espionaje político del independentismo no lo acaba siendo.
Críticas sobre la comisión de secretos oficiales
La destitución de Esteban no es la única medida insuficiente que señala el informe, el cual se fija en la comisión de secretos oficiales que convocó el Congreso español. Si bien esta convocatoria podría parecer positiva a primera vista, la eurodiputada remarca que "esta comisión no se reúne periódicamente como en otros países de la UE".
"Los resultados de la reunión no se comunicaron oficialmente. Por lo visto, el Estado español no ha querido asumir la responsabilidad de todas las otras medidas de vigilancia contra al menos 47 personas más, según ha identificado CitizenLab", señala el informe de Die Linke, que también apuntan el hecho de que los miembros de la comisión no podían informar del contenido de esta.
En el texto de la eurodiputada alemana también denuncia que todo este proceso se vio construir sobre una ley de la época franquista, la ley de secretos. "No hay una desclasificación automática de los documentos, por ejemplo después de un periodo de tiempo determinado", subraya.
Dudas sobre el sistema judicial
Del informe de Ernst se extrae una reticencia al sistema judicial española, ya que recoge: "A menudo, pudimos detectar un escepticismo generalizado sobre la independencia de la justicia española. Algunos interlocutores incluso hablaron de un "estado profundo", por ejemplo, porque el material interceptado se filtra a los medios. En general, pues, se critica un problema de separación de poderes". El texto recuerda que: "Un pilar importante de un estado democrático, el sistema judicial, sin embargo, no ha experimentado una transición en toda la estructura después del fin del franquismo".
El informe se hace eco de la preocupación de las mismas víctimas de que este software vaya más allá de su caso o la respuesta española y que afecte a toda Europa: "Las víctimas también ven afectada la democracia en el conjunto de la Unión Europea. Apuntan que, sobre todo en España, no todos los funcionarios del Estado forman parte de una tradición democrática. Estas fuerzas antidemocráticas utilizaron software espía mercenario para intimidar los movimientos políticos".