El empresario y exdirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) David Madí ha declarado como investigado por el caso de Ambulàncies Egara ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, este miércoles, y ha asegurado que en los atestados de la Guardia Civil y de los Mossos de Esquadra "hay afirmaciones falsas", según fuentes jurídicas.  En concreto, ha señalado que el correo electrónico que lo incrimina en esta causa es falso y sostiene que el autor es un supuesto informático de los servicios de inteligencia infiltrado en la Generalitat. Además, Madí, defendido por la penalista Olga Tubau, ha negado cualquier tipo de relación con la empresa Ivemon y la compra de Ambulàncies Egara. 

La UTE Ambulàncies Egara obtuvo en 2015 el transporte sanitario de toda Catalunya, y se investiga si esta adjudicación pública, hecha en 2014, se hizo de forma irregular por parte de la Generalitat. La causa de Egara se dirige contra Madí y siete empresarios por supuestas irregularidades en la licitación, adjudicación y contratación de concursos públicos. En esta investigación, la Guardia Civil, bajo el control del fiscal anticorrupción José Grinda, afirma que hay indicios que Ambulàncies Egara forma parte del entramado de empresas que habrían recibido concesiones públicas a cambio de pagar comisiones irregulares para financiar la extinta Convergència.

La empresa siempre se ha negado cualquier irregularidad y ha defendido que los contratos de transporte sanitario público en Catalunya le han sido adjudicados de manera transparente y de acuerdo a derecho. Su propietario, Óscar Simón, negó ante el juez Pedraz haber tenido trato de favor por parte de responsables CDC en adjudicaciones públicas a su empresa.

Un correo "falso"

El propietario de Ambulancias Egara, Oscar Simón, declaró al juez que una persona que conocía porque trabaja en las ambulancias vascas, le propuso entrar en un grupo inversor llamado ICAT, donde estaría Madí y otros de los investigados, como Juan Alberto Arqués Fondevila. Sostiene que le hicieron una opción de compraventa de acciones en 2012, pero que al final no la hizo porque no tenía buenas relaciones con Madí, y no le convencía la oferta.

En su declaración, Madí ha declarado al juez que no tiene nada que ver con Ivemon, y que ciertamente se estudió la compra de Egara, pero que al final no consideraron atractiva la opción de compra.

En el interrogatorio, se ha preguntado a Madí por el correo electrónico de julio de 2012, que también se atribuye al investigado Fermí Ferran, experto en seguridad y vinculado en Ivemon, en el cual aseguraba que era su cliente. Sobre este extremo, Madí ha asegurado que al saber de la existencia de este correo se puso en contacto con Ferran y este le aseguró que aquel correo era falso, "un hackeo".

A la salida de la declaración, Madí ha detallado que ha puesto en conocimiento del juez de la Audiencia Nacional que el informático Albert Gabàs estaría relacionado con los servicios de inteligencia infiltrados en la Generalitat, y que sería el autor de la falsificación del correo, según informa Efe.

Más causas

David Madí tiene otras causas abiertas en los juzgados. Un juzgado de lo penal de Barcelona lo condenó a 14 meses de prisión y multa de 219.750 euros por delito fiscal y falsedad documental por su participación en una trama de facturas falsas vinculada a Triacom, empresa también investigada en el caso del 3%. El empresario anunció que presentaría recurso a la Audiencia de Barcelona. 

También es investigado por el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en el caso Volhov, por supuestamente financiar el independentismo en el exilio o hacer negocios de forma irregular, sin que se haya encontrado nada, por ahora. Hay que decir que el juez del caso Volhov, que es el mismo que investiga al Barça en el caso Negreira, archivó una pieza donde investigaba a Madí por tráfico de influencias.