"No haré nada en contra de la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles". Son palabras de Mariano Rajoy el jueves pasado en una entrevista en Onda Cero, pero se podrían haber pronunciado cualquier otro día en boca de otro dirigente popular, socialista o "ciudadano".

El argumento de la igualdad política de los españoles es uno de los más habituales entre el unionismo, aunque son muchos los datos que lo desmienten día tras día. Los números no siempre tienen a Catalunya como protagonista –ni como beneficiaria–, como es evidente, pero demuestran, en cualquier caso, que la misma estructura autonómica hace del todo imposible que los ciudadanos acaben recibiendo exactamente el mismo nivel de inversión independientemente del territorio al que pertenecen.

Financiación desigual

Las razones de esta desigualdad saltan a la vista: el Estado español se estructura, desde los años posteriores a la aprobación de la Constitución, en 17 comunidades autónomas que disponen de competencias en buena parte de las decisiones que acaban afectando más directamente al día a día de los ciudadanos, como es el caso de la salud o la educación. Además, las autonomías tienen capacidad legislativa, y pueden modular, por lo tanto, las prioridades en el gasto y algunos de los ingresos –impuestos– que perciben. Y, evidentemente, cada autonomía recibe una aportación económica por parte del Estado que, lejos de ser uniforme, responde a las negociaciones políticas entre el gobierno autonómico y el gobierno central. Eso sin olvidar, claro está, los sistemas de financiación del País Vasco y Navarra (concierto y convenio económico, respectivamente).

Un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Fundación BBVA apuntaba, el año 2015, todavía más elementos a tener en cuenta: las estructuras demográficas, la distribución de la población en cada territorio y el nivel de los precios, además de señalar también las restricciones presupuestarias a nivel autonómico y las "frecuentes discusiones" sobre los modelos de financiación. Unas desigualdades que, según los autores del informe, "cuestionan las políticas de igualdad de oportunidades" y la adecuación de los sistemas de financiación autonómica a los compromisos constitucionales de equidad interterritorial.

Universidades

Entre los ejemplos concretos, esta semana se constataba, una vez más, que Catalunya es la comunidad autónoma del Estado con precios más altos en grados universitarios y máster. Lo recoge en un informe el Observatorio del Sistema Universitario, indicando que desde la introducción de las titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la flexibilización de la horquilla de precios, la matrícula en las universidades estatales ha divergido "notablemente". Según la comunidad autónoma, el precio de los mismos estudios puede variar más del triple. En el caso de los máster habilitantes, Catalunya aparece como líder del ranking de precios, con 2.470 €, mientras que Andalucía tiene el precio más bajo, con tan sólo 821 euros.

El mismo estudio destaca que las tasas académicas y de gestión reguladas por decreto son muy diferentes entre comunidades. Algunas han introducido tasas que resultan obligatorias para trámites de matrícula, hecho que se traduce en incrementos del precio de matrícula. Catalunya es la comunidad que estipula más tasas en el decreto de precios, y las Balears, la que menos. Los autores del informe subrayan que, en general, los precios y los criterios para su establecimiento "no son coherentes" entre comunidades autónomas, "no tienen justificación aparente" y, en algunos casos, "no se atienden a las normas dictadas en la ley".

Sanidad

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública elabora anualmente un informe para evaluar las diferencias entre los sistemas sanitarios autonómicos. Año tras año, los responsables del estudio denuncian que las desigualdades en el campo de la sanidad entre comunidades no sólo existen, sino que van en aumento. El informe del 2016, presentado el pasado mes de septiembre, evidenció diferencias "claramente excesivas" entre unas regiones y otras, que se observan en parte de los indicadores analizados como el presupuesto sanitario por cápita de este mismo año, que varía entre los 1.587 euros por habitante de Asturias hasta los 1.048 euros de Andalucía. La Federación entiende que "una gran diferencia en los recursos y funcionamiento de los servicios sanitarios comportaría de manera inevitable una desigualdad en el acceso a la protección de la salud lo que vulneraría un derecho constitucional". El informe, criticado desde el Govern catalán porque no tiene en cuenta resultados sino recursos, ha situado reiteradamente Catalunya entre las comunidades con menos gasto en este ámbito.

Foto: ACN

Educación

Volviendo al estudio "Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades", publicado el año 2015, comprobamos que Catalunya no sólo se encuentra entre las autonomías con menos gasto en sanidad, sino también en educación. El texto concluye que las diferencias del gasto territorial en materia de salud y educación son "notables" ya que en algunos casos superan los 43 puntos porcentuales entre las que más invierten en estos servicios y las que menos. En el caso concreto de la educación, el informe señala que Catalunya se encuentra en la parte baja de la tabla con 890 euros por habitante, 8 puntos por debajo de la media del Estado español que es de 914 euros. Por detrás están las Illes Balears (830 euros), Madrid (790 euros) o el País Valencià (866 euros). Al frente del gasto en servicios educativos habría el País Vasco (1.223 euros), la Comunidad Foral de Navarra (1.106 euros) y el Principado de Asturias (1.066 euros).

Foto: ACN

Pero la desigualdad llega, también, en algunas becas que sobre el papel tendrían que ser iguales para todo el Estado, precisamente porque es el gobierno central quien las gestiona. Esta semana hemos sabido que el Ministerio de Educación ya ha pagado todas las becas... excepto las de los catalanes. También en este caso, pues, no habrá sido lo mismo vivir en una o en otra comunidad autónoma.

Muebles

Lo decíamos al principio: cada comunidad autónoma tiene un margen lo bastante amplio para emprender políticas propias en función, claro está, de su capacidad presupuestaria. En este sentido, los extremeños supieron, el día 28 de diciembre, que la Junta de Extremadura concederá hasta 1.000 euros de ayuda por persona en lo que llamam "Plan Renove de Mobiliario de Hogar de Extremadura". Unas ayudas que se ponen en marcha porque "en los últimos años se ha producido una destrucción de empresas del sector" y de las que, de momento, no pueden disfrutar los habitantes de otras comunidades.

Principio de ordinalidad

El "principio de ordinalidad" es un concepto recurrente en las discusiones sobre cómo evitar las diferencias flagrantes en la financiación autonómica. De hecho, era una reivindicación habitual del gobierno catalán que ha quedado eclipsada por el viraje soberanista de los últimos años.

En caso de aplicarse este principio, los traspasos de recursos entre las comunidades tendrían un límite: que donde más se recauda más se invierte, manteniendo siempre los rankings de ingresos y gasto por cápita. Es decir, la primera comunidad en orden de recaudación tendría que ser la primera comunidad después en el orden de inversión.

Muchos expertos han situado reiteradamente este concepto como el mejor mecanismo para conseguir una distribución más equitativa, pero el actual ministro de Economía, Luís de Guindos, ha echado pelotas fuera siempre que se le ha planteado esta posibilidad. Pocas esperanzas quedan, pues, que acabe llegando la anunciada y reivindicada igualdad.