La CUP-CC ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo donde expone sus argumentos para considerar que dicho tribunal no es un órgano competente para juzgar el caso donde se imputa rebelión a varios investigados, entre los que están las exdiputadas cuperas Mireia Boya y Anna Gabriel.
Por la organización independentista, fue el propio Tribunal Supremo quien en 2014 —ante una denuncia presentada por el partido UPyD en lo referente a la Consulta del 9-N por delitos como los que ahora se acusa a varios políticos y activistas catalanes— consideró que hechos de este tipo tenían que ser procesados en instancias judiciales en Catalunya.
La CUP sitúa en su escrito la cuestión de esta alteración de los criterios de competencia en el marco del "contexto de excepción" que se está produciendo y de "derecho penal del enemigo", que incluye entre sus rasgos fundamentales el relajamiento de las garantías procesales. El escrito sitúa precisamente en la denuncia la "falta de garantía de la imparcialidad e independencia" del Tribunal Supremo español por varios motivos. Entre todos estos motivos, la CUP destaca el hecho de que el fiscal que firmó la querella y el actual fiscal general fueron compañeros de sala de los magistrados que tienen que resolver, o que la propia Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, se haya autoatribuido directamente el resultado de determinadas resoluciones judiciales dictadas en el caso, vulnerando así de manera flagrante la necesaria separación de poderes del Estado.
Finalmente, la CUP ha expuesto que este planteamiento jurídico tiene una triple voluntad. En primer lugar, conseguir que la causa contra las militantes de la CUP quede archivada; en segundo lugar, denunciar el funcionamiento "poco democrático" de las instituciones españolas, y, por último, garantizar la posibilidad de que este elemento pueda ser discutido en instancias internacionales en caso de que sea desestimado en el Estado español.