El diputado de la CUP, Vidal Aragonès, se ha formulado muchas preguntas después de los nuevos registros policiales de este martes: "¿Qué sentido tiene que busquen pruebas en la sede del Departamento de Economía o del CTTI nueve meses después del 1-O? Después de ocho meses de intervención con el 155, con control directo sobre la administración, ¿tiene algún sentido?". Y también una respuesta: "La respuesta es mantener la represión y el miedo".

En este sentido, Vidal Aragonès también ha señalado la coincidencia con la condena firme para Iñaki Urdangarín por el caso Nóos y el operativo contra el 1-O. Ha recordado que en el Estado español "se han cambiado las piezas, pero no el tablero de juego", en referencia al cambio de inquilino de la Moncloa.

"La represión sigue, y no nos queremos olvidar de los que la sufren en carne propia", ha insistido el diputado cupero. En esta línea, ha subrayado el caso de Adrià, el miembro del CDR que se ha exiliado, pero también de los presos políticos. "No estamos en contra del acercamiento, pero pedimos su libertad inmediata", ha advertido. No obstante, ha dicho que si alguien pide su acercamiento, también tiene que denunciar la vulneración de la normativa por la dispersión.

Con respecto al paro de la disolución del Diplocat, acordada por el Govern este martes, Aragonès lo ha valorado positivamente. "Nuestro país tiene que tener una institución como esta, pero no sólo tiene que ser el Diplocat", ha advertido. En esta línea, ha pedido al ejecutivo "respuestas claras" sobre las leyes tumbadas por el Tribunal Constitucional, unas leyes que "tienen contenido progresista y material".

El diputado anticapitalista también se ha referido a la decisión del Gobierno español de acoger a los 629 inmigrantes del barco Aquarius. Lo ha valorado positivamente, pero ha advertido que no se puede quedar simplemente en la acogida, sino que se tienen que "reconocer todos los derechos de ciudadanía", no sólo "políticas de cara a la galería". Aragonès también ha cargado contra la Unión Europea por permitir que Estados miembros como Italia puedan llevar a término "prácticas racistas".