La Candidatura de Unidad Popular (CUP) continúa con su particular cruzada para defender el territorio y la gestión popular de los recursos. Después de interpelar al conseller de Territori, Josep Rull, en el último pleno del Parlament, ahora la formación anticapitalista lleva a la cámara una moción con cinco puntos donde pide una moratoria para todos los planes directores urbanísticos (PDU) que se están tramitando en estos momentos hasta que se apruebe la nueva ley de Territori que prepara el Govern. Exactamente, son 14 los planes urbanísticos que se están elaborando. Entre estos, los cupaires han detectado tres especialmente "conflictivos". 

Por una parte, el PDU de la actividad minera en el Bages, según el Govern, ordenará esta actividad en la comarca con una visión de conjunto y velará para que sea "sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico". El plan reserva suelo para hasta tres nuevas plantas de valorización de sal y enumera 11 posibles medidas para el periodo transitorio entre el cierre del Cogulló y la entrada en funcionamiento de las instalaciones de Súria. En este caso, la CUP opina que el plan responde sólo a un lavado de cara a la empresa Iberpotash y que "no corrige los impactos ambientales que se han generado". 

Otro escollo vuelve a ser el PDU que tiene que permitir la implantación de los centros turísticos integrados dentro del ámbito del centro recreativo y turístico PortAventura, el proyecto conocido como BCN World. Ahora mismo, el proyecto inicial de resortes y casinos está parado, en pro del acuerdo de estabilidad entre JxSí y la CUP. No obstante, está el compromiso del Govern de replantearlo, y así se lo ha trasladado recientemente el secretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, al alcalde de Salou, Pere Granados, en una visita realizada en el Ajuntament, con el fin de informar de la "buena marcha" de los trabajos en el plan director urbanístico.

Sin embargo, la CUP ha denunciado reiteradamente que no se está haciendo nada y que en ningún caso ahora mismo se está buscando el consenso. Hay que tener en cuenta que para la formación anticapitalista, el proyecto BNC World es una línea roja. De hecho, el diputado cupaire Sergi Saladié denunciaba que el Govern actúa como "corredor​ de fincas" de La Caixa, propietaria de los terrenos donde se tendría que construir el complejo de ocio y juego. "Algún día tendremos que hablar en serio de eso", advertía el cupaire en sede parlamentaria. 

Y por último, el tercer proyecto conflictivo es el PDU aeroportuario de la Cerdanya, que según la CUP, se está haciendo de espaldas a los ayuntamientos de la zona. De hecho, el síndic de greuges se ha hecho eco de las voces contrarias al plan y, antes de que se apruebe definitivamente, ha pedido información sobre las características y los posibles efectos ambientales y urbanísticos que puede comportar.

Procedimientos

La moción de la CUP sobre territorio también contempla la revisión de los procedimientos y la metodología que rigen los planes directores urbanísticos. En este caso, proponen que antes de su aprobación definitiva, el plan pase por sede parlamentaria. El objetivo, según explicaba el propio Saladié, es ganar en transparencia y mayor participación. "Cuantos más agentes participen, mejor", reclamaba.

Suspensión

El texto prevé pedir también la suspensión y revisión de cinco PDU's aprobados recientemente. En concreto son: el del Circuito de Barcelona-Catalunya, el del Delta del Llobregat, el del Centro direccional de Cerdanyola del Vallès, el del Logístico del Alt y Baix Penedès, y por último, el de las Àrees Residencials Estratégiques (AREES).

Ya de cara al futuro, la moción de la CUP pide también que el Parlament inste al Govern a presentar lo antes posible la nueva ley de territori y la ley del suelo de uso agrario. De hecho, los cupaires han lamentado durante estos días que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no mencionara estas nuevas leyes entre sus líneas de actuación, por lo cual creen que el Govern no las considerará "prioritarias". Mientras que para la CUP, son dos de los pilares básicos para la plena soberanía del país.