Los abogados encargados de la defensa de Mireia Boya y Anna Gabriel, diputadas de la CUP durante la anterior legislatura, han pedido al Tribunal Supremo ampliar las diligencias de investigación. Concretamente solicitan al juez Pablo Llarena, encargado de la causa, que se incluya en la querella por rebelión la represión durante el referéndum del 1 de octubre.
En el escrito, presentado este lunes, los abogados defensores Carles López y Benet Salellas piden diligencias y actuaciones que consideran "útiles, pertinentes y necesarias", que tienen que ver con la víspera y la celebración del referéndum, y más concretamente sobre la actuación de los cuerpos policiales del Estado español.
En primer lugar, se pide que la policía judicial elabore un informe sobre los despidos a los miembros de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía desplazados a Catalunya al grito de "a por ellos". Lo consideran necesario "a efectos de confirmar la neutralidad necesaria de los funcionarios públicos en su actuación" el 1 de octubre. Piden que el informe sea realizado por unidades de policía judicial de los Mossos o la Ertzaintza, porque los cuerpos implicados en el informe son los que tienen atribuidas las funciones de policía judicial en este proceso.
En segundo lugar, piden que declare como testigo al director general de CatSalut, para que aporte información sobre la violencia policial de aquel día, enfrentándolas a las declaraciones del testigo Diego Pérez de los Cobos, máximo responsable del dispositivo policial contra el 1-O, que consideró falsas las cifras sobre ciudadanos lesionados.
Finalmente, precisamente en relación a las declaraciones ante el Supremo de Pérez de los Cobos, pedirán que sean citados los observadores internacionales del referéndum. Aquel día fueron "testigos en los colegios electorales de los hechos que aquí se investigan", argumentan los abogados defensores.