Ante un proceso que consideran político, la CUP responde políticamente. Así lo ha defendido el abogado y exdiputado anticapitalista, Benet Salellas, en relación a la decisión de Anna Gabriel de instalarse en Ginebra y no comparecer ante el Tribunal Supremo. "Anna no ha huido, Anna ha buscado refugio por una persecución política", ha asegurado acompañado de diputados, exdiputados y miembros del secretariado nacional cupero.
En este sentido, Salellas ha denunciado que "no se juzgan hechos, sino proyectos políticos", y ha alertado que la justicia española "tiene un problema con todo aquello que no sea el proyecto nacionalista español". Ha puesto como ejemplo la confirmación de la condena este martes para el cantante de rap mallorquín Valtonyc.
El abogado cupero ha justificado la decisión de "refugiarse" en la ciudad suiza porque consideran que Gabriel no tendrá derecho a un juicio justo. En esta línea, ha condicionado los próximos pasos a los que haga la justicia y el Gobierno español. No obstante, si le piden la extradición, ha adelantado que "muy probablemente" solicitarán el asilo político.
Ha calculado que una petición de extradición se resolvería en un plazo de entre seis y diez meses. Se ha mostrado convencido de que la justicia suiza será más garantista.
Segundo frente internacional
La actual diputada cupera Maria Sirvent, que también ha intervenido, ha criticado que se trata de una "macrocausa que pretende perseguir todo un pueblo y que responde a la sed de venganza de un Estado represor". Es por eso que, "ante un juicio político", ha sostenido que esta es una firma de hacer política. "Esta defensa política pasa por no claudicar ante los tribunales españoles y la represión", ha dicho.
Sirvent ha detallado que la estrategia de defensa de la CUP pasa por dos frentes "en un marco común". Por una parte, la "defensa política" que hizo la exdiputada Mireia Boya declarando la semana pasada ante el juez Llarena; por la otra, el exilio de Gabriel que buscar internacionalizar el conflicto "más allá de nuestras fronteras" y también más allá de Bruselas. En este sentido, Salellas ha recordado que Ginebra es sede de muchos organismos internacionales de derechos humanos. Puede generar un "nuevo foco de presión" sobre el Estado, ha vaticinado.
Salellas ha mostrado su estupefacción porque "no sabemos qué se investiga", porque unos días se habla del referéndum, otros de la declaración de independencia e incluso de la negociación de los presupuestos. También ha denunciado una "triple investigación": la del TS, la del número 13 de Barcelona y la de la Audiencia Nacional.