El Departament de Cultura ha iniciado los trámites para declarar la antigua prisión de mujeres de la Trinitat Vella de Barcelona como bien cultural de interés nacional (BCIN), el máximo nivel de protección patrimonial. Así lo han confirmado las entidades que reclamaban su preservación, después de recibir la notificación oficial el pasado 17 de abril. Según el informe del mismo Departament, más allá del valor arquitectónico del edificio como ejemplo de arquitectura franquista, se destaca especialmente su peso histórico como espacio de represión. “Más allá de la tipología y los rasgos arquitectónicos (…) la prisión de mujeres de la Trinitat encarna una historia directamente relacionada con la represión franquista aplicada a mujeres privadas de libertad”. El documento también subraya el papel del centro como instrumento para “vigilar, adoctrinar y castigar la disidencia política e ideológica” femenina.
El centro penitenciario funciona actualmente como centro abierto y estaba previsto que se trasladara a unas nuevas instalaciones en la Zona Franca a causa de la construcción de vivienda pública en la zona. Por eso mismo, las entidades impulsoras de la iniciativa han celebrado la decisión del Departament como un “reconocimiento del valor patrimonial” del edificio, del cual se preservará la fachada como elemento icónico y una parte de las instalaciones que se quiere convertir en un centro dedicado a la represión franquista sobre las mujeres. Según remarcan, la destrucción habría supuesto “un perjuicio irreparable” para la memoria histórica de las mujeres, especialmente si se compara con la conservación indiscutida de otros espacios como la Model masculina. También han subrayado que esta protección es fruto directo de la movilización sostenida del tejido asociativo. Entre las entidades firmantes están la Associació Trinitat Uneix, la Associació Veïnal Taula Trinitat Vella, la Comissió de la Dignitat, la Associació de Veïns i Veïnes del Bon Pastor, Amics de la Fabra & Coats, la Associació per la Recerca i la Divulgació de la Memòria de Trinitat Vella, Amigues de l’Olivera, el Grup d’Escola Activa per a Dones, la AEHA, la Xarxa d’Economia Solidària de Sant Andreu, Bit Lab Cultural y el Centre d’Estudis-Arxiu Vilabesòs.
El proceso de protección también ha contado con el apoyo institucional del Consell de l’Advocacia Catalana, que en una sesión plenaria celebrada el 23 de marzo se posicionó a favor de conservar parte de la infraestructura de la antigua prisión. El organismo defiende destinar este espacio a memoria histórica, compatibilizándolo con la construcción de vivienda pública mediante una revisión urbanística que permita ampliar la edificabilidad en las zonas reservadas a este uso. El presidente del Consell, Rogeli Montoliu, ha explicado que lo que proponen es una solución equilibrada y viable, que permite compatibilizar la preservación del patrimonio con las necesidades residenciales. La propuesta también ha recibido el apoyo de la Fundació Maquinista Terrestre i Marítima y Macosa.
Un instrumento del franquismo
La prisión de la Trinitat funcionó durante el franquismo como centro de reclusión de mujeres bajo la gestión de las Cruzadas Evangélicas. En este espacio convivían perfiles muy diversos, desde mujeres condenadas por delitos comunes hasta internas represaliadas por su ideología política o por no encajar en los estrictos patrones morales impuestos por el régimen. El centro era un instrumento de control social e ideológico, donde la privación de libertad se acompañaba de un proceso de reeducación orientado a imponer el modelo de mujer franquista, con una fuerte carga de presión psicológica y doctrinal.
En las postrimerías de la dictadura, la prisión también fue escenario de movilizaciones feministas que denunciaban esta situación y reclamaban cambios profundos, como la abolición de delitos que penalizaban específicamente a las mujeres —el adulterio o el aborto—, así como mejoras en las condiciones de las internas y la retirada de las Cruzadas Evangélicas del centro. Durante años, el Ayuntamiento de Barcelona había indicado que la conservación del espacio era incompatible con la construcción de vivienda pública prevista en la zona, una posición que ahora ha quedado en entredicho con la decisión del Departamento de Cultura de impulsar su protección patrimonial.