El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el expresidente de la ANC Jordi Sànchez dijeron ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena que no apuestan por la vía unilateral hacia la independencia, ni tan sólo para hacer un referéndum unilateralmente (la estrategia de la defensa ha cambiado de cara a otras declaraciones ante el magistrado). En sus declaraciones judiciales de diciembre del 2017 y enero del 2018, a las cuales ha tenido acceso la ACN, los dos intentaron convencer al juez de que siempre han apostado por la vía pacífica y, además, acatando "el ordenamiento jurídico vigente". Así, Cuixart se mostró convencido de que en Catalunya no habrá ningún referéndum vinculante que no sea pactado con el Estado, y Sànchez dijo que desde mucho antes del 1-O ya había criticado la vía unilateral, poniendo en duda la validez de la declaración del Parlament del 27 de octubre. Además, recordó que el programa de JxSí incluía la DUI, pero el de JxCAT, candidatura de la cual formaba parte, no.

El 1 de diciembre del 2017, poco antes de empezar la campaña electoral del 21-D y el mismo que Llarena interrogó y dejó en libertad buena parte del Govern Puigdemont encarcelado, manteniendo encerrados a los 'Jordis', Junqueras y Forn, Cuixart declaró ante el juez durante pocos minutos. Su abogada, Marina Roig, le pidió si daría apoyo a una declaración unilateral de independencia (DUI), y él respondió que "no, si no es en el marco de un acuerdo con el Estado, que los gobiernos se pusieran de acuerdo".

El 11 de enero, una vez ya celebradas las elecciones del 21-D, Roig le preguntó: "Qué posición tendría usted en el improbable caso de que un hipotético Govern en algún momento quisiera convocar un nuevo referéndum al margen de las vías legales para alguna solución de independencia"?. Y Cuixart le respondió de una manera más extensa a la de seis semanas antes: "Estoy convencido, intuyo que no se produciría eso, y ya se ha demostrado que convocando un referéndum no se consigue un referéndum pactado con el estado; si hay un referéndum en Catalunya, será convocado por el gobierno de España, sino, no será; no hay ninguna otra opción, no hay espacio para convocar un referéndum ni del estilo del 9-N para provocar que el gobierno de España convoque un referéndum en Catalunya; el catalanismo, la sociedad catalana, aunque sea un sentido mayoritario, tiene que encontrar otras vías para celebrar este referéndum; como se quería hacer este último año, no se conseguirá nunca, a tenor de cómo ha reaccionado el estado, con virulencia, nosotros estamos en la prisión; por lo tanto, el catalanismo tiene el reto una vez más de encontrar una vía para una solución de encaje de Catalunya en el conjunto del Estado español, o una solución a este anhelo mayoritario del pueblo de Catalunya que quiere celebrar un referéndum; pero tiene que ser a medio plazo y en un escenario de mucha más tranquilidad y con una relación que hay que recuperar culturas".

De hecho, Cuixart dijo que creía que hacía falta "un Govern que gobierne" durante una legislatura de cuatro años, y que los dos ejecutivos "dialoguen". "Si se puede conseguir un referéndum o algún tipo de cosa, siempre tendrá que ser con el concurso del gobierno de España, si no, no ha posibilitado", concluyó. No obstante admitió que los independentistas "quizás" se han equivocado: "Quizás hemos cometido errores, y los asumo, quizás hemos pecado de ingenuidad, y también lo puedo asumir, raíz de los acontecimientos".

Tanto en diciembre como en enero, Cuixart intentó convencer a Llarena de que él sólo apuesta por la vía pacífica y dentro de la legalidad constitucional vigente y cumpliendo las órdenes judiciales. "Nunca hemos actuado intentando vulnerar la legalidad vigente, y por lo tanto, todo lo que pueda pasar a partir de ahora, mi firme compromiso, tiene que ser de acuerdo con las leyes, la Constitución, la legalidad vigente, como nunca he entendido que pueda ser de otra manera".

"Condeno los daños --a los vehículos de la Guardia Civil el 20-S-- y cualquier tipo de violencia, que en nuestro caso no es nada habitual," reafirmaba Cuixart. "También condeno enérgicamente los escraches contra policías y cualquier acto violento de la ideología que sea. Nunca hemos incitado estos 'escraches'", acababa diciendo.

En diciembre, preguntado por su letrada por si estaría dispuesto a usar la fuerza, intimidación o violencia para conseguir la independencia, Cuixart respondió que "nunca, en ningún caso". Y añadió que nunca planteó las movilizaciones ciudadanas como una manera de intimidación y tampoco lo haría en el futuro. "Siempre las hemos entendido en el marco de la libertad de expresión, en el marco de la legalidad vigente y el orden constitucional", explicó, y recordó que todas las movilizaciones han sido plenamente pacíficas.

En la declaración de diciembre, Cuixart también intentó conseguir la libertad provisional explicando que es un pequeño empresario del cual depende su familia y 45 trabajadores, que todos viven en Barcelona y por lo tanto no tiene ningún interés o medio económico para marcharse al extranjero, y que en la segunda citación en octubre en la Audiencia Nacional la fiscalía ya había anunciado que pediría medidas cautelares, y él se presentó igualmente. Además, ve imposible eliminar pruebas de su actuación el 20 de septiembre porque por internet y en las redes sociales están llenos de vídeos de aquel día. También recordó, para reducir el supuesto riesgo de reiteración delictiva, que él no se presentaba a las elecciones del 21-D, y que esperaba que todo el mundo "haya aprendido del periodo tan convulso", "que los políticos hagan de políticos y Òmnium haga actividades culturales".

En el interrogatorio de enero, y en respuesta al fiscal, Cuixart aseguró que no había formado parte de ningún 'comité estratégico' como lo que salía en el documento 'EnfoCATs', ni tampoco se había reunido nunca con el secretario general de Vicepresidencia, Josep Maria Jové.

Sànchez: "El programa de JxSí incluía la DUI, el de JxCAT, no"

En el interrogatorio de diciembre, Sànchez explicó que contribuyendo a las elecciones del 21-D en la lista de JxCAT era "consciente de que comporta aceptar el marco institucional y un determinado ordenamiento jurídico", y que no pretendía plantear ningún "desafío" al estado, sino buscar una "lectura flexible" de la Constitución. Preguntado por su abogado por si, como diputado de la formación independentista o incluso miembro del futuro Govern, "renunciaría a actuaciones fuera del marco constitucional", Sànchez aseguró que sí, porque hay que seguir las "reglas del juego democrático", aunque añadió que hace falta que "cualquier debate y desafío político" se puedan hacer.

En enero, fue todavía más explícito, cuando aseguró que el programa electoral de JxCAT no incluía ninguna vía unilateral ni la DUI, cosa que, según él, el programa electoral de JxSí sí que llevaba. De hecho, dijo que "hay que buscar un acuerdo para acomodar el marco normativo" y que creía en la "vía dialogada y de encaje institucional". Según él, "hay que mantener siempre el diálogo abierto", esperaba que el resultado electoral del independentismo el 21-D llevara a un "marco sólido de normalidad" y reprochó al entonces presidente Rajoy la "falta de diálogo" y los "errores" cometidos.

Para afianzar su oposición a la vía unilateral, recordó que apenas elegido presidente de la ANC en mayo del 2015 ya dijo que en las elecciones llamadas 'plebiscitarias' del 27 de septiembre de aquel año "no se votaba para hacer una DUI, este no es el camino". "Mi opinión sobre la DUI ha sido siempre la misma, no ha variado", añadió. Además, según él, la resolución aprobada por el Parlament el 27 de octubre del 2017 "ni se publicó, o sea que tuvo la validez que tuvo, no hubo ni intento de publicación, y cuando una declaración no se publica sirve para lo que sirve". "Mi opinión es una, los hechos son otros, acepto que a veces estoy en minoría a las opiniones de mi entidad, pero cada uno es responsable de lo que asume, no encontrarán ningún tuit mío hablando de unilateralidad", remachó.

En un momento determinado, Sànchez comparó el derecho a la secesión con la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, que se acabó legislando, ya que, según él, "el legislativo suele ser sensible a las demandas sociales".

Buena parte del resto del interrogatorio, sobre todo del fiscal, versó sobre los hechos del 20-S, donde Sànchez afianzó que querían que la protesta fuera plenamente pacífica, que unificaron las protestas en un solo punto, delante de la Conselleria de Economia "para evitar caos y tensiones" y que no había ningún espíritu de violencia ni de querer impedir la actuación de la comitiva judicial y la Guardia Civil. Si hubieran querido hacerlo, admitió que lo habrían hecho intentando ocupar la sede de la Vicepresidència del Govern. "No era nuestra intención ni crear confrontación ni el caos para hacer caer las instituciones del Estado", aseguró en respuesta a su abogado.

De hecho, aseguró que ningún mando policial les dijo que querían salir y no podían hacerlo. Incluso, explicó que un guardia civil le dijo: "Jordi, no te preocupes por los vehículos, se quedarán toda la noche aquí hasta que venga la grúa, y nosotros también". En todo caso, admitió que "pecaron de ingenuidad", porque "los comportamientos ilícitos e ilegítimos de algunos, dañaron el conjunto de la movilización", comportamientos que condenó.

Para intentar convencer a Llarena que lo dejara en libertad provisional, Sànchez pidió "margen de confianza" al magistrado y le preguntó cómo podía demostrar su actitud pacífica si no lo dejaban salir de prisión. Además, también negó haber participado nunca en ninguno de los organismos descritos en el documento 'EnfoCATs'.