El catalán, el exilio de Carles Puigdemont, la investidura de Jordi Sànchez, la judicialización de la política... Estos son los temas que ayer por la noche enfrentaron al abogado del president en Catalunya, Jaume Alonso-Cuevillas, y al secretario general de VOX, Javier Ortega, en un duro cara a cara en el programa 8 al dia, en el que este último acabó pidiendo la prisión permanente para Puigdemont.

La tensión empezaba ya en el minuto cero, cuando Cuevillas habló en catalán —en una televisión en la que esta es la lengua vehicular— y el secretario de VOX le espetaba: "Si no tengo traducción y tengo que mantener un cara a cara con una persona que habla catalán, con todo el respeto, yo no hablo catalán y me gustaría que habláramos con la lengua común de todos los españoles y, por cierto, de la inmensa mayoría de los catalanes, me gustaría que habláramos todos en español", mientras añadía: "A mi me encantaría poder hablar en catalán, pero no lo sé".

Ante estos reproches, el abogado de Puigdemont le hacía saber que no tenía "ningún problema" en hablar en castellano, pero le clarificaba que "a mi no me había avisado nadie" y le puntualizaba que "en todo caso, no hablaremos en español, si no en castellano", frase que llevó a Ortega a volver a soltar que el castellano "es la lengua común de todos los españoles", y daba pie a Cuevillas a recordarle que "afortunadamente, todas las escuelas enseñan todas las lenguas".

Después de la lengua, empieza la política. Partiendo de la base de su convicción de que "Puigdemont es un presunto delincuente" porque "ha huido cobardemente de cara a los suyos", Ortega ha vuelto a recuperar el argumento de que "para los suyos es un cobarde" porque, asegura, "ha dejado a parte de los suyos que sí que han dado la cara ante la justicia, que han respondido y que están en prisión provisional".

Convencido de todas sus palabras, el secretario general de VOX insistía en que el president "es un huido de la justicia" porque "se encuentra en una situación de rebeldía y de fuga", una situación que, a su parecer, es "transitoria porque tarde o temprano se sentará en el banquillo y pasará a ser preso preventivo y, a no tardar mucho, preso permanente espero que durante muchos años".

Ante estas duras declaraciones, Cuevillas no tuvo más remedio que volver a explicarle lo que ya lleva meses contando. Reprochándole que "si no nos entendemos no va a ser por el idioma, si no por los conceptos jurídicos", el abogado de Puigdemont le recordó que "no hay ninguna situación de rebeldía" porque, le señalaba al también abogado, "como usted sabe requiere una declaración expresa por parte del tribunal que no se ha producido".

Y la historia continuaba: "Puigdemont se marcha del territorio español cuando ni siquiera hay una querella admitida a trámite. En el momento en que es reclamado por la justicia, se pone en disposición de la justicia belga, cuando se cursa la euroorden se pone a disposición de la justicia belga, ofrece declarar por videoconferencia, lo que la Audiencia Nacional no acepta, luego se entrega a la policía belga para ser sometido a la orden de extradición, cosa que nunca he visto y que es sorprendente de la justicia española en una decisión insólita". Precisamente por todo ello se ratificaba en la idea de que con Puigdemont "nos encontramos con un ciudadano con plena libertad de movimiento en la Unión Europea".

Pero el abogado de VOX lo sigue viendo diferente y aprovechó la ocasión para volver a sacar el tema de la Conselleria de Economía poniendo encima de la mesa que "hay imágenes en las que se ve a policía y Guardia Civil retirando a una masa perfectamente organizada" y lamentándose de que "no sale ninguna imagen del destrozo a dos vehículos de la Guardia Civil en el entorno de la Conselleria de Economía".  

En este punto, Cuevillas volvía a explicarle cómo fueron las cosas: "El 26 de octubre existía una querella por desobediencia, malversación y prevaricación y el fiscal general del estado estaba diciendo que si había una declaración de independencia en el Parlament, pondría una querella por rebelión y desobediencia. Esa querella, que no se había puesto el 26 de octubre, se pone el 30 justo después de que se produzca la declaración en el Parlament. Por tanto, lo que cambia es la situación fáctica, que es que entremedio se ha producido una declaración solemne sin ningún tipo de violencia. No es comprensible que hasta el día 26 solo habláramos de desobediencia, prevaricación y malversación y a partir del 30 podamos hablar de sedición y rebelión cuando la única diferencia es que entretanto se ha producido una declaración de independencia".

La cosa, sin embargo, no acabó aquí. La investidura del lunes que viene de Jordi Sànchez también salió a colación en el cara a cara. Cuevillas probaba de dejarle claro que "hay otro debate, en el caso de que se mantuviera la prisión provisional, si se le concede o no permiso para poder someterse a una sesión de investidura", y lo ejemplificaba con el único precedente que hay en España, cuando se permitió a Juan Carlos Yoldi someterse a la investidura.

El abogado de Puigdemont tuvo que recordar que Yoldi "en ese momento era preso preventivo y se le permitió someterse a la investidura. Una persona que se halla en situación de prisión provisional sea justa o injusta y que goza todavía de todos sus derechos fundamentales, constitucionales y políticos y su derecho de sufragio, si esto no es restringido por una sentencia firme, tiene derecho a someterse a una sesión de investidura".

Pero Ortega, con ya pocos argumentos, volvió al discurso ya habitual. "Me deja perplejo cuando escucho a los defensores de este golpe de estado utilizar como antecedentes a terroristas, como cuando llevaban el último Onze de Setembre al terrorista Otegi como invitado de honor", le soltaba sin pelos en la lengua, al tiempo que añadía: "Yo no soy separatista y no lo seré en mi vida, pero creo que hay muchos que lo pueden ser por ideología que se tienen que sentir abrumados cuando ustedes mencionan ejemplos como antecedentes de su defensa de terroristas".