Vox tiene la llave que debe abrir la investidura del candidato del PP para suceder a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat. Juanfran Pérez Llorca se someterá a partir de las 11 de la mañana al debate de investidura en las Cortes Valencianas, con la incertidumbre de saber si contará con los 13 votos de Vox que son imprescindibles para obtener la mayoría absoluta. El candidato llega sin ningún pacto escrito, ni ningún anuncio explícito o formal de que recibirá el apoyo de los ultraderechistas, pero todo apunta a que Pérez Llorca acabará siendo investido, a pesar de que la formación de Santiago Abascal ha asegurado que todo dependerá de su discurso de investidura y de que solo confirmará su apoyo después de escucharlo en la tribuna. Esto da un plus de interés a lo que pueda decir Pérez Llorca, a conocer cuáles serán sus compromisos, especialmente en materias como la inmigración y las infraestructuras, i el programa político que seguirá el próximo consejo que formará y de si estará dispuesto a pagar el precio que pide Vox para convertirlo en presidente. Y mientras tanto, Mazón, que dimitió el pasado 3 de noviembre, seguirá con atención el pleno de investidura sentado en el mismo escaño que ha ocupado los últimos dos años y medio, en el primer asiento de la derecha de la primera fila de la bancada azul que distingue a los representantes del Consell valenciano, y sin saber dónde se sentará en el futuro como diputado autonómico, como uno más de los diputados que tiene el grupo popular en las Cortes valencianas.

Tras el discurso del candidato y las intervenciones de los grupos, se procede a la primera votación, en la que el PP necesita conseguir la mayoría absoluta de los 50 votos, de los 99 escaños de las Cortes. Si en la primera votación no alcanzara la mayoría absoluta, se celebraría una segunda votación 48 horas después. En esta segunda votación basta con mayoría simple: más votos a favor que en contra, sin el requisito de alcanzar los 50 escaños. La aritmética está muy clara. El PP tiene 40 diputados y Vox 13, mientras que la oposición suma 46 parlamentarios, lo que hace que Vox tenga la llave para la investidura y no tener que ir a unas elecciones anticipadas. Y para abrir la puerta de la investidura, la formación de ultraderecha exige compromisos firmes en materias concretas que forman parte de su agenda política ultra. Será tan importante lo que dice Pérez Llorca, pero también cómo lo dice, el tono y el convencimiento, después de haber comprobado de primera mano que algunos de los compromisos que en su día adquirió Mazón para salvar las cuentas de 2025 quedaron en saco roto.

La primera implica endurecer la política migratoria y un rechazo explícito a la inmigración masiva, incluyendo la devolución de menores migrantes a sus países de origen y trabas al acceso de las personas migrantes a prestaciones como la Renta Valenciana de Inclusión. Vox pretende que la Generalitat, que tiene la competencia de los menores migrantes, establezca mecanismos para poder retornarlos a sus países de origen, como relaciones con estos países con el objetivo de localizar a los padres o familiares de los menores no acompañados para poder retornarlos. La formación ultra también espera que se haga mención al compromiso de cortar cualquier tipo de ayuda a las ONG que promuevan la inmigración.

Otra de las condiciones es el rechazo explícito al Pacto Verde y las políticas climáticas de la UE, aunque los populares lo han sellado en Bruselas con el apoyo de los socialistas. Vox considera que los compromisos medioambientales adoptados por el Gobierno impiden poner en marcha las infraestructuras adecuadas para evitar que se pueda volver a repetir el colapso de estas infraestructuras como sucedió con la DANA, y Vox pretende que el PP se comprometan a construir las presas y los diques de contención que creen necesarios, aunque en buena parte, esto depende del gobierno de Madrid. Pero en la hoja de ruta de los ultraderechistas también hay otras condiciones, como una drástica reducción de la presión fiscal, defensa del sector primario, medidas concretas para reducir la obligatoriedad del valenciano y fomentar la libertad lingüística, la libertad de elección para las familias en la educación, o desacreditar aún más la Academia Valenciana de la Lengua (AVL).