La investigación sobre la caja B del Partido Popular amenazaba con reabrir las tensiones con su socio de investidura, Ciudadanos. "Radicales", "extremistas", o "triple alianza contra el PP" eran los adjetivos que el diputado popular Fernando Martínez Maíllo propinaba a los de Albert Rivera porque hubieran acordado con PSOE y Podemos sacar adelante la comisión. Tal es el enfado de Maíllo, que exigirá a la mesa del Congreso amparo para un informe jurídico donde se acote el ámbito temporal y temático de investigación. La cuestión es que este órgano tiene mayoría de PP y Cs, y los segundos no descartan ya darles su apoyo, a pesar de haber pactado con las formaciones de izquierda primero.

"Si lo plantea a la mesa, ya veremos qué margen hay al respecto", decía al diputado de Cs, Toni Cantó, preguntado por El Nacional sobre si darían el apoyo a la propuesta del PP. La cuestión es que minutos antes Maíllo había apelado a ello, equiparando la formación naranja a Unidos Podemos. "He notado un toque diferente en las expresiones de Cs", les pinchaba Maíllo. Por eso, Cantó le contestaba que no habría "nada más radical" que negarse a que se investigara a la formación popular. "No entiendo sus nervios", le devolvía el diputado del partido de Rivera.

El PP no se niega a ser investigado, pero insiste en poner un límite temporal y un objeto concreto. Al principio defendía que el estudio se tenía que hacer para la presente legislatura, remontándose sólo hasta 2015. Ahora, sin embargo, se abre a que la investigación se haga incluso desde el 2004 –desde que Mariano Rajoy es presidente. Ahora bien, antes de eso, querían un informe jurídico que lo avalara. Este ha sido rechazado por el resto de formaciones, ya que creían que sería una forma sutil de paralizar los trabajos. "Que deje de hacer el ridículo y dar la pataleta", les decía la diputada socialista, Teresa Rodríguez.

Así las cosas, los populares han exhibido su rabieta emulando aquellos tiempos en que en el País Valencià se denunciaba que la corrupción no existía y era todo una conspiración contra ellos. "Es una causa general contra el PP", ha dicho Maíllo, después de afirmar que la comisión era "ilegal" y que el resto de grupos buscaban razones "electorales" en esta "grosería", de cariz "inquisitorial". Mientrastanto, el extesorero Luis Bárcenas ya tiene fecha de comparecencia y es el 26 de junio. El resto de extesoreros lo harían juntos entorno al 12 de julio. 

Incluso, el diputado de ERC, Joan Tardà, ha explicado que el PP había amenazado al resto de partidos con la comisión homóloga que hay en el Senado y que se extiende también a PSOE, Cs y Podemos. Los republicanos dicen estar tranquilos, pero fuentes de la formación consideran que las palabras de Maíllo sobre llamar a Susana Díaz por los ERE son una forma de intimidar al PSOE. Lo mismo pasa con Podemos, de quien el popular se ha jactado de que ahora "tendrían mejores relaciones con Venezuela", si es que tienen que pedirle documentación para la investigación.

Pero aquello que no reconoce Maíllo es que una vez más han hecho saltar por los aires un acuerdo con Rivera. El documento que este firmó con Rajoy a cambio del sí en la investidura no concretaba temporalmente el objeto de estudio de la comisión, y ahora el PP quiere que sí. Ahora bien, en Génova hay recursos para todo y el diputado dice que siempre han actuado "con la mejor de las intenciones" y que quizás fueron "ingenuos". "Ya saben que votamos a favor de esta comisión", ha sacado pecho. El hecho es que eso pasó porque la oposición tenía mayoría suficiente para aprobarla y no se querían quedar solos en la votación del Congreso. Aunque con Cs nunca lo estén.