El Ministerio de Hacienda y Función Pública no ha podido demostrar que la Generalitat destinara dinero público al referéndum del 1-O. Es lo que se extrae del texto enviado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el que admite al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que no ha encontrado información que pueda demostrar que el referéndum considerado ilegal por el Gobierno se pagó con fondos de la Generalitat.

Según ha publicado El Confidencial, el ministro detalló en una carta del 27 de abril al juez del Tribunal Supremo la forma en la que se controlan las finanzas de la Genera​litat​, dejando solo margen a que puedan detectarse esos pagos para urnas y para el president Carles Puigdemont.

La carta de Montoro, en la que se apela a utilizar los medios judiciales para intentar encontrar relación entre pagos y el referéndum del 1-O, supone un revés en el juicio por la consulta: dificulta los medios de prueba en el proceso penal del Tribunal Supremo en relación al delito de malversación, que de momento, tal como ha reconocido Montoro, no se podría atribuir.