El Partido Popular de la Comunidad Valenciana en su totalidad, tanto a nivel local, como provincial y autonómico, está siendo investigado por la fiscalía en relación al presunto cobro de comisiones del 3%, ya que la fiscalía ha encontrado indicios de financiación ilegal y blanqueo de capitales. En concreto, según ha adelantado El País, el juez investiga el incremento patrimonial de varios altos cargos, así como la compra de coches de lujo e inmuebles.
Las investigaciones, enmarcadas en la operación que esta semana ha comportado la detención del expresidente de la diputación de Valencia, Alfonso Rus, se centran ahora en los indicios de pago de comisiones del 3% por la contratación de obra pública, que afectarían también a servicios como el traslado de militantes a actos del partido.
El escándalo coincide precisamente con una semana clave para el PP para encontrar suficientes apoyos para garantizar la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno español. En este contexto queda en entredicho el apoyo de Ciutadans, que mantiene una política de tolerancia cero respecto a la corrupción.
Hay que añadir que el mismo PP, que suspendió de militancia a todos los detenidos en relación en la empresa pública Imelsa, se vanaglorió de su rápida reacción como una muestra de su lucha decidida contra la corrupción, un extremo que ahora habría de aplicarse a la totalidad del PP en la Comunidad Valenciana.