El grupo del PP en el Congreso ya parece haber puesto fin al confinamiento de sus diputados por el coronavirus. Al pleno que celebrará la cámara este jueves, enviará hasta 45 parlamentarios, acabando con la imagen del hemiciclo casi vacío. La portavoz de los populares, Cayetana Álvarez de Toledo, pedirá que el resto de grupos hagan lo mismo, con el único límite de un escaño de distancia. La dirigente conservadora considera que hace falta la reapertura "inmediata" del parlamento después de Semana Santa, tanto con respecto a las sesiones de control al Gobierno como a las ruedas de prensa de los representantes políticos.

Concretamente, durante la reunión de la Junta de Portavoces de este martes, Álvarez de Toledo se dirigirá a la presidenta de la cámara, Meritxell Batet, para informarla de que en el pleno de este jueves asistirán por parte del PP "cuantos diputados sean posibles desde el punto de vista de sanitario". En su caso, son 45, si se respeta de la distancia de seguridad de un metro, que equivale a un escaño. "Es hora de que sepan que los diputados del Partido Popular trabajan en primera línea, no sólo en defensa de sus votantes", la portavoz popular. "Es hora que los españoles nos vean", añade.

La portavoz del PP considera que las condiciones sanitarias están siendo una "excusa para mantener el Parlamento cerrado", y rebate que "no hay ningún motivo por el que plenos y comisiones no se puedan celebrar con la actual fórmula mixta: reunión presencial con posibilidad de voto telemático". Con todo eso, reclama que, después de semana santa, vuelva a celebrarse la sesión de control semanal al Gobierno, la puesta en funcionamiento de todas las comisiones del Congreso y las comparecencias del presidente español Pedro Sánchez para dar cuenta de las reuniones del Consejo Europeo. También reclaman que puedan celebrarse ruedas de prensa, como se hace en La Moncloa.

Amenaza con el TC

Los populares también han presentado un escrito para que se levante la suspensión del cómputo de plazos de tramitación de iniciativas. Avisan de que "de facto se ha anulado la capacidad de control que la oposición tiene sobre el gobierno" y consideran que la Mesa "se habría excedido en sus competencias y habría vulnerado los derechos de representación políticos de los diputados". Si su reclamación no es atendida, amenazan con ir al Tribunal Constitucional.

 

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