El incumplimiento de las medidas del decreto que declara desde esta medianoche el estado de alarma ante la pandemia del coronavirus puede comportar para los ciudadanos desde multas de 100 euros hasta pena de 3 meses de prisión.

El listado de sanciones en el cual trabaja el Gobierno y las fuerzas de seguridad -y en el cual ha tenido acceso la agencia EFE- considera saltarse las normas un delito de desobediencia y de atentado a la autoridad. Las penas se fundamentan en cuatro ámbitos: la Ley de seguridad ciudadana, conocida como 'ley mordaza'; la de salud pública, la de protección civil y el Código Penal.

Los que incumplan las medidas establecidas podrán enfrentarse, por ejemplo, a sanciones de entre 100 y 600 euros para retirar una valla o precinto; de hasta 30.000 euros para negarse a identificar ante un agente o de hasta 60.000 por conductas que pongan en grave riesgo la salud de la población. El delito de desobediencia a los agentes de la autoridad se castiga con pena de uno a tres meses de prisión. El de atentado prevé penas de hasta cuatro años de prisión -y el personal sanitario se incluye entre los agentes de autoridad a estos efectos.

Fuentes de Moncloa aseguran que los agentes tienen que remitir sus actuaciones a las subdelegaciones de Gobierno, si es posible con reportaje fotográfico. Desde Interior han indicado que los agentes de los diferentes cuerpos actuarán siempre desde el principio de proporcionalidad.

Desde el Ministerio del Interior aseguran que en el decreto no se ha hecho especial énfasis en el régimen sancionador, ya que las condiciones de la declaración del estado de alarma no responden en un escenario de disturbios o conflicto en la calle. El Ejecutivo confía en el civismo y la responsabilidad de la ciudadanía, de manera que no se ha querido regular al detalle las posibles sanciones, que quedan limitadas a lo que prevé la ley sobre el estado de alarma de 1981 y su concreción en la Ley de seguridad ciudadana.

"Es una crisis sanitaria y no de seguridad", insisten desde el Gobierno, de manera que las sanciones por el incumplimiento de las normas decretadas se tratarán de acuerdo con las leyes ordinarias que ya contemplan delitos como el de desobediencia para los casos más extremos.