Las querellas presentadas por Vox y otras entidades contra el Gobierno por la gestión del coronavirus tienen que quedar en papel mojado. Así lo cree la fiscalía del Tribunal Supremo en el informe que ha remitido al alto tribunal este lunes. El ministerio público considera que no hay base para niguno de los delitos que le imputan al ejecutivo de coalición, que son unos cuantos, desde prevaricación hasta homicidio, pasando por desobediencia u omisión del deber de socorro.

El informe, de 300 páginas, ha sido remitido el teniente fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas y han contribuido los principales fiscales del Tribunal Supremo, encargado de las causas especiales contra miembros del ejecutivo. Entre otros, los querellantes son Vox, Asociación de Abogados Cristianos, HazteOir.org, Asociación Profesional de la Guardia Civil, Colectivo Profesional de la Policía Municipal de Madrid, Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, Central Sindical Independiente de Funcionarios o Central Unitaria de Traballadores. También hay varios particulares y un colectivo de 3.268 personas.

Después de un "tratamiento individualizado, en función de los hechos denunciados y los delitos atribuidos," la fiscalía pide la inadmisión a trámite de todas estas querellas.

La querella de Vox

El pasado 21 de abril, el partido de extrema derecha presentó una querella contra Pedro Sánchez, los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias y los ministros Salvador Illa, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y José Luis Ábalos. Los imputaba los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte en concurso ideal con un delito de imprudencia grave con resultado de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores. Entre otras cosas, acusaban al Gobierno de haber llegado tarde y que las medidas del estado de alarma fueron "ineficaces".

En este caso, la fiscalía argumenta que "resulta palmario" que los hechos relatados "no resultan constitutivos de ilícito penal" y, además, "no se fundamentan, más allá de las meras manifestaciones o elucubraciones del denunciante, en ningún principio de prueba" que justifique la apertura de un procedimiento penal. Concluye que la querella es "genérica" y no entra en ningún tipo de detalle sobre los delitos imputados. "Los querellantes se limitan a manifestar su discrepancia con la actuación política desarrollada por los querellados, no aportando elemento objetivo alguno que permita conectar las situaciones de riesgo y las muertes (...) con la actuación desarrollada por los querellados", sostienen en el informe.

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