Diferentes organizaciones de derechos humanos y entidades profesionales han alertado a la conselleria de Justícia sobre el riesgo que representa el coronavirus para la población penitenciaría y la necesidad de "reducir de manera drástica" el número de personas encerradas en los centros penitenciarios catalanes.

Bajo el lema Tercer Grados en casa, el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya, el Colegio de Abogacía de Catalunya, Justícia i Pau, Iridia y OSPDH, entre otros, han llevado a cabo una campaña en que recogen las instrucciones hechas públicas tanto por la Organización Mundial de la Salud como la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

El objetivo es que aquellos presos que se encuentran en segundo grado o que se les ha otorgado el beneficio del 100.2 para salir a trabajar o a hacer voluntariado puedan disfrutar de un tercer grado que les permita seguir el confinamiento en casa. Esta medida se tendría que poder extender también a reclusos mayores de 70 años o presos con patologías severas.

Estas organizaciones alertan de que, tal como ha señalado la OMS y la comisionada de Derechos Humanos, la población penitenciaria es especialmente vulnerable y se encuentra en una situación de fragilidad ante la emergencia sanitaria: encerrados en un espacio físico demasiado reducido, con convivencia forzosa y contraria al estado de alarma, con dificultades de acceso a la sanidad pública en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, y con un riesgo superior de contagio. Además, recuerdan que se las ha suspendido las comunicaciones con el exterior y alertan de que todo ello les sitúa bajo un trato "inhumano y degradante".

La campaña de estas organizaciones, que ha sido especialmente intensa en las redes sociales, coincide con el anuncio de la conselleria de Justicia sobre la revisión de la situación de los presos para intentar reducir la población de los centros penitenciarios.

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